Visto para sentencia el juicio sustanciado este miércoles ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, ante la demanda presentada por UGT y CCOO contra un acuerdo de la Junta de Castilla y León y la orden de la Consejería Empleo del 13 de abril de 2023 que planteaba una financiación “condicionada” para el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), el sistema autónomo de solución de conflictos de la Comunidad.
Ical.- Asimismo, la Abogacía del Estado se personó en la vista para defender el SERLA frente las medidas adoptadas por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. En un inicio, la Junta planteó la desaparición de este servicio de mediación, y posteriormente garantizó su continuidad, pero con menos funciones y con una reestructuración interna, que conlleva una financiación “adecuada”. Además, planteó que dejara de tratar conflictos individuales, cambiara sus sedes y redujera el número de mediadores.
El vicesecretario general Política Sindical de UGT, Fernando Luján, instó a la Junta y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a que “reconduzca” la situación del SERLA, tras recordar que la demanda busca defender «el sistema constitucional de relaciones laborales”.
En ese sentido, Fernando Luján exigió a Fernández Mañueco y, a quien se defina como constitucionalista, que defienda la Constitución española, ya que denunció se está “pisoteando” la Carta Magna desde que la “ultraderecha” entró en el Gobierno de la Comunidad y comenzó a atacar, en su opinión, a los sindicatos y la libertad sindical. Esto, dijo, no es ser “constitucionalista”, ni “demócrata”, ni siquiera europeo.
Al respecto, el dirigente de UGT denunció que la Junta está atentando contra el modelo de convivencia, de relaciones laborales y de solución autónoma de conflictos. “Esto no va a de financiación a sindicados, sino de dar respuesta cuando hay una huelga o conflicto colectivo y cuando un trabajador o una empresa deciden ir a la jurisdicción social a exigir un derecho”, dijo. Además, apuntó que “se ataca” el derecho a la tutela judicial efectiva al negar la existencia del SERLA.
Además, Luján indicó que esperan que la justicia ordene a la Junta que restablezca un “SERLA de calidad, suficientemente financiado y respetado”, ya que señaló que además del pronunciamiento judicial, la Junta tendrá que recomponer las relaciones laborales de la Comunidad, que destacó “han funcionado más de 30 años admirablemente bien”. Para ello, indicó que se tendrá que reconocer el “respeto institucional” que merecen los sindicatos.
Finalmente, el vicesecretario general Política Sindical de UGT señaló que el Gobierno de España debería actuar con la “misma contundencia” contra las decisiones de la Junta que lo hace con quien incumple la Constitución.
Por su parte, Cándido Alonso, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO en la Comunidad, manifestó que se trata de un “intento más” de atentar contra el derecho a la negociación colectiva y de la autonomía de las partes, para lo que aseguró tratan de “estrangular” al SERLA a través de la financiación. Esto, añadió, es “ilegal” y añadió que la financiación “condicionada” supone asumir competencias que no les pertenezcan.
CCOO espera que la sentencia que derive de este juicio, el gobierno autonómico se vea obligado a rectificar y el SERLA continúe su funcionamiento y se cumpla el acuerdo firmado por el presidente de la Comunidad en esta materia en el año 2019 en el ámbito del Diálogo Social. En 2022, recordó, se citaron actos de conciliación mediación en conflictos individuales en relación con 3.534 procedimientos y se gestionaron en torno a 4.500 expedientes. En cuanto a los conflictos colectivos, se tramitaron 341 expedientes, la segunda cifra más alta en la historia del Serla.
