Benjamín Castro, presidente autonómico de CSIF, acusó este lunes a la Junta de Castilla y León de “mofarse” de los 7.000 empleados públicos “a los que obliga a utilizar” su vehículo particular para trabajar a cambio de “unos paupérrimos” 0,23 euros por kilómetro, sin equiparar a los 0,26 que acordó el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
ICAL. “El abono de esta ridícula y muy escasa cantidad diezma de manera inasumible los bolsillos de estos empleados públicos y supone un enriquecimiento ilícito de las arcas de la Administración autonómica a su costa”, afirma Castro.
Según el dirigente de CSIF, el pago del kilometraje a 0,23 euros por kilómetro representa además un agravio comparativo en relación a los 0,26 euros por kilómetro que aprobó el Ministerio de Hacienda y Función Pública el pasado mes de julio para los empleados públicos que dependen del Estado.
“Tres meses han pasado desde entonces y la Junta ni siquiera ha cumplido su compromiso, expresado oficialmente en el mes de febrero, de que equipararía estas indemnizaciones a los términos nacionales cuando el Gobierno realizara una subida. El Gobierno ya ha movido ficha, ¿y la Junta?”, se pregunta Castro.
El sindicato denuncia, en base a los resultados de un informe económico propio, que el presupuesto dedicado a para sufragar el kilometraje y las dietas de los empleados públicos de la Junta ha caído en picado en los últimos años.
Mientras en 2018 el pago de kilometraje supuso un gasto de 5,2M€, en 2022 no alcanzó ni siquiera los 4,6M€, lo que equivale a una merma del 27,98 por ciento. En las dietas se pasó, en ese mismo periodo de tiempo, de 913.968 euros a 505.162 euros, una reducción de más del 44 por ciento.
Esa caída “choca”, explica el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Comunicación en CSIF Castilla y León, Rodrigo Molledo, con un contexto de expansión presupuestaria de la Junta y, sobre todo, con una subida del 71 por ciento en el precio de los carburantes en el periodo de estudio.
CSIF reclama también que se eliminen las diferencias entre grupos y subgrupos de empleados públicos a la hora de percibir esas compensaciones y que se establezca la obligación de revisar esas cuantías con carácter anual, o como máximo bianual, previa negociación con las organizaciones sindicales. “Lo contrario es una tomadura de pelo”, concluye Molledo.
También, exige a la Junta que enmiende, en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, “esa burla hacia sus trabajadores” y contemple una compensación económica de 0,31 euros por kilómetro para turismos, 0,127 euros para motocicletas y un incremento de las dietas del 30 por ciento.
“Toda cifra inferior a esas cuantías será inadmisible”, apunta el presidente autonómico de CSIF, quien ha cifrado en 2,4 millones de euros el desembolso que debería realizar la Administración regional. Para el sindicato, la propuesta “no es ninguna barbaridad”, ya que equivaldría exclusivamente a un aumento del 0,020 por ciento de todo el presupuesto autonómico.
