Un vendedor de coches de segunda mano del municipio coruñés de Arteixo ha sido absuelto de pagar una multa de más de 2 millones de euros a Ferrari por circular con un Ford Cougar tuneado como si fuera un F430 Scuderia.
El titular del Juzgado de lo Penal nº3 de A Coruña, Carlos Suárez-Mira ha absuelto a un vendedor de coches de segunda mano que, durante 12 días, circuló por Arteixo con un Ford Cougar “tuneado” como si fuera un Ferrari F430 Scuderia. La compañía italiana pedía una compensación de 2.100.000€ asegurando que ese coche reproducía “fraudulentamente” sus derechos de propiedad industrial.
El ahora absuelto compró ese coche a principios del mes de octubre de 2018, “consciente de que no era un Ferrari”. Tras ello, circuló con él hasta que, el día 22 de ese mismo mes, la Policía Local incautó el vehículo, que contaba con “diversas modificaciones” que le daban “cierta apariencia de pasar por un Ferrari F430 Scuderia”.
Tal y como se relata en la sentencia, dictada el pasado 28 de septiembre, pero hecha pública este martes, las modificaciones afectaban tanto a la carrocería del coche como al interior. Sin embargo, el acusado solamente había añadido en los laterales del vehículo unas pegatinas con el logo de su negocio.
Además, el vendedor de coches, según se indica en la sentencia, compró el automóvil incautado para utilizarlo como vehículo de gerencia de su empresa, pero no tenía intención alguna de venderlo. Por ello, Suárez-Miras señala que, para ser responsable de un delito contra la propiedad intelectual, “la posesión del vehículo” debería tener “fines industriales o comerciales”.
“¿Acaso el uso de un coche tuneado, que aun para los menos entendidos claramente resulta patente que no es un Ferrari, vulnera las reglas de la competencia? ¿Va a perder la marca Ferrari alguna venta de sus exclusivos vehículos por el hecho de que un vendedor de coches de segunda mano se pasee por Arteixo con un Ford Cougar que se parece a un Ferrari? ¿De verdad que se está pretendiendo una condena a penas de prisión y que incluye, de manera añadida, el pago de no menos de 2.100.000€ por el daño reputacional provocado por el acusado en la imagen de la marca?”, concluye el magistrado.
