[dropcap]C[/dropcap]on el tono solemne de las grandes ocasiones, el Ministro de Hacienda ha anunciado que, en enero del año electoral de 2015, el Gobierno devolverá a los funcionarios el 25% de la paga extra que les fue confiscada en 2012. Habrá quien lo celebre, y quien se sienta agradecido porque le den, simplemente, lo que es suyo, e incluso habrá quien piense que, si los funcionarios se portan bien y cumplen en las urnas del mes de mayo, quizá en junio nos paguen otro 25% de nuestra paga extra, y si nos portamos bien en las urnas del mes de noviembre nos paguen en diciembre otro 25% de nuestra paga extra, y el resto se lo queden, una vez terminadas todas las citas electorales, como contribución solidaria a los gastos de todos los que viajan desde el parlamento a visitar militantes queridos en las Canarias.
En medio de esa ola de gratitud y de ese cuento de la lechera a la que le vendieron su propia leche, pasará inadvertido que esta es la única respuesta a una crisis de Estado como la desatada en Cataluña, la única respuesta a una economía que vuelve a frenarse, la única respuesta a la sensación de que el sistema se descompone. Minucias, dirán sobre las mesas de los gabinetes de crisis, pequeñas pegas, que no pueden hacernos olvidar el principal objetivo político de todo Gobierno que se respete: durar cuatro años más. Al coste que sea.
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