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El fiscal investiga los contratos de carreteras de la Diputación

  • Cinco empresas se repartían los contratos de conservación y mantenimiento

  • Nadie se percató de esta práctica, pero la institución cambió el procedimiento en 2012

  • Responsabilizan de las irregularidades a dos funcionarios

  • Habrían logrado 12,1 millones con este procedimiento entre 2007 y 2011

  • Luego siguieron adjudicándose algunos contratos, pero con fuertes «bajas»

 

Cinco empresas salmantinas se han estado repartiendo los contratos de conservación de las carreteras de la Diputación entre 2007 y 2011 aprovechando la falta de supervisión, porque nadie se ha percatado de esta práctica en la institución provincial hasta que, al parecer, una auditoría interna ha puesto al descubierto esta trama que operaba duante el mandato de Isabel Jiménez, actual senadora del PP.

 

Las empresas debían tener un acuerdo tácito para concurrir a las obras que la Diputación ofertaba mediante procedimientos abiertos (para contratos superiores a 200.000 euros), los procedimientos negociados sin publicidad (de menor cuantía) y los contratos menores (hasta 18.000 euros).

En total, habrían obtenido obras por 12,1 millones, de los que 8 corresponderían a contratos ganados en procedimientos abiertos (cualquier empresario puede presentarse), 1,2 millones con veinte contratos negociados sin publicidad, «que son los más llamativos», según dijo el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y contratos menores por 2 millones de euros.

Los procedimientos son más dificiles de amañar, pero se puede hacer. Los contratos menores (prácticamente a dedo) y los negociados sin publicidad dan más pie a la arbitrariedad, porque el único requisito en estos últimos es que haya como mínimo tres empresas que presenten una oferta, y en este caso se ponían de acuerdo las cinco de la trama organizada, según se desprende de las palabras de Javier Iglesias.

Implica al PSOE

Los contratos por procedimientos abiertos y los negociados sin publicidad se aprueban y los conocen los diputados de la comisión de Fomento, donde están PP y PSOE, y los contratos menores de 18.000 euros se adjudican directamente y luego se informa al Pleno sin pasar por Comisión.

Según dijo Iglesias, la tramitación administrativa de todos contratos se ajusta al procedimiento. Lo que ocurre, según dijo, es que una auditoría interna ha desvelado que había cinco empresas que solían acumular las adjudicaciones. Normalmente, se presentaban tres propiedad de los mismos o de familiares suyos cuando era un contrato negociado sin publicidad (no se precisaban más) y dos de ellas luego ni siquiera presentaban una oferta final. Así iban rotando para llevarse su porción cada una de ellas.

Iglesias y el diputado de Fomento, Carlos García Sierra, dijeron que como no se habían producido alteraciones de la normativa de contratación «nadie se había dado cuenta» de que eran las mismas empresas las que iban llevándose los contratos durante años.

«Hasta que en 2012 encargué un informe para revisar los procesos al detectar un exceso de obra contratada a estas empresas», dijo García Sierra. Previamente, iglesias había dicho que el informse había encargado el 8 de octubre de este año y sus conclusiones se conocieron hace tres días.

De cualquier modo, el PP de la Diputación ordenó a principios de 2012 cambiar la contratación de estas obras y hacer mediante «concurso público lo que antes se contrataba en múltiples procedimientos», como los tres en los que se ponían de acuerdo las empresas de la trama descubierta.

Han seguido llevándose contratos

Desde entonces, algunas de las empresas de la trama han seguido llevándose contratos, «pero con unas bajas importantes» sobre la licitación inicial, porque había más competencia.

El equipo de Gobierno ha responsabilizado, en principio, de estas irregularidades a dos funcionarios, el director de Fomento y el coordinador de vialidad, que han sido apartados temporalmente de sus funciones.

Además, ha entregado la documentación de que dispone a la fiscalía para que investigue por si hubiera algún indicio de delito.

Iglesias dijo que no cree que los funcionarios tengan relación con las empresas o con el PP.

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