El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, aún no ha salido a defenderse de la denuncia realizada por la Cámara de Comercio y Confaes, ni para explicar su vinculación con el director del área de Fomento de la Diputación apartado por el presunto amaño de contratos, pero este miércoles le ha salido un aliado inesperado.
Ha sido el concejal del PSOE en Salamanca, Arturo Ferreras, quien aseguró que él «no hablaría de ilegalidad -en lo denunciado por la Cámara-, porque es un poco fuerte, y si tuviéramos algún indicio iríamos al juzgado», y matizó que en todo caso habla de «falta de transparencia» en la contratación municipal.
Reconoció que no se han enterado de que las empresas de la trama de la Diputación iban adjudicándose contratos en el Ayuntamiento, ni nada extraño llamó su atención. Tampoco han recibido documentación al Ayuntamiento, ni han mirado su web, algo que sí ha hecho la Cámara de Comercio, para ver las empresas de la trama de la Diputación que han ido prosperando en el Ayuntamiento.
La rueda de prensa
En una rueda de prensa convocada el mismo día que la Cámara soltó su bomba informativa bajo el argumento de informar «en relación a las decisiones en materia de contratación por parte del equipo de gobierno municipal en el Consistorio salmantino», Ferreras defraudó la expectación periodística.
«No tenemos documentos y no podemos hacer juicios de valor. Nosotros nos enteramos de muchos contratos por la prensa. Somos un grupo serio y responsable que aspira a gobernar. Cuando tengamos documentos que tengan suficiente trascendencia e importancia lo llevaremos a los órganos competentes. De momento no queremos entrar en estos temas hasta conocer los hechos y seguiremos con esta misma seriedad y rigor».
Ante la que está cayendo se limitó a decir que si el PSOE gana las elecciones todos los contratos municipales estarían en la web (ya están todos menos los menores de 18.000 euros), una comisión de contratación acordaría las bases para los concursos públicos para evitar los pliegos a medida, y otra comisión integrada por los dos grupos políticos fijaría «los criterios objetivos para adjudicar contratos» y dejar los elementos subjetivos de forma residual.
