No hubo sorpresas y el pleno de la Diputación de Salamanca rechazó este jueves, con los votos en contra del PP, la comisión de investigación sobre los contratos en la institución a propuesta del PSOE, que acabó pidiendo la dimisión del presidente, Javier Iglesias, y el vicepresidente y diputado de Fomento, Carlos García Sierra.
El portavoz socialista, Isidro Rodríguez Plaza, pidió la cabeza de los dirigentes populares por considerarlos responsables políticos ‘in vigilando’ de las «irregularidades» detectadas en los contratos adjudicados a cinco empresas en el área de Fomento, como responsables directos de los funcionarios que presuntamente estaban en connivencia con la trama de empresas. Todo eso con independencia de si el fiscal halla indicios penales en esta trama que sacó a la luz el propio PP, antes de que lo hicieran los socialistas.
Tras la negativa popular a crear la comisión de investigación, Plaza acusó al PP de «anunciar a bombo y platillo que defienden la transparencia mientras aquí rechazan un instrumento de mínimos para buscarla».
Carlos García Sierra dijo que la comisión de investigación que solicita el PSOE no tiene sentido porque el PP ya ha creado una comisión de contratación en la que, según dijo, le proporcionarán los documentos e informes que ya han remitido a la fiscalía.
Esa comisión de contratación, según García Sierra, «es la más adecuada para tratar estos temas y donde ustedes pueden pedir cualquier información».
Los pliegos
El diputado de Fomento insistió en que en los contratos amañados por la trama que el propio PP destapó, «no se aprecian irregularidades administrativas, pero algunas dudas hay y por eso que lo investigue el fiscal». García Sierra precisó que no tenían «conocimiento suficiente de algunos aspectos que venían en los pliegos» de los contratos sospechosos que se adjudicó la trama.
La comisión de contratación creada por el PP, que ha vuelto a ganarle la iniciativa a los socialistas, se reunió este jueves antes del Pleno.
El portavoz socialista, Isidro Rodríguez Plaza, explicó que le parece «insuficiente» la documentación mostrada por el PP, porque no les han mostrado «algo tan importante como el informe técnico enviado al fiscal, ni las medidas adoptadas contra los funcionarios apartados de sus funciones».
Destino de los funcionarios
En el turno de réplica y como si fuera el protagonista del anuncio de Rastreator, Carlos García Sierra relató de forma casi ininteligible los destinos de los dos funcionarios apartados de sus funciones: uno de ellos, el de carrera, habría ido «a labores de apoyo en recursos humanos», y el director del área de Fomento, cargo de libre designación, a conducir máquinas de obras y revisarlas.