El PSOE denunció este viernes la destrucción de documentos por parte del equipo de Gobierno del PP en la Diputación «necesarios para esclarecer» el caso de los contratos amañados.
Según señalaron Isidro Rodríguez Plaza y Manuel Ambrosio Sánchez, el equipo de Gobierno trituró documentos claves para saber qué había pasado en el área de Fomento «varios días antes» de que el presidente de la institución, Javier Iglesias, y el vicepresidente y diputado de Fomento, Carlos García Sierra, comparecieran ante la prensa para denunciar los amaños de contratos.
Después de eso, el PP se ha negado a entregarle nuevos documentos solicitados por los socialistas o se los entrega con retraso. Entre los que no entrega figuran los de las empresas que llevaban la limpieza de la Diputación en 1999, cuando los papeles desvelados por El País revelaron ingresos en B del PP para financiar su campaña a las municipales, entre los que figuraban dos apuntes sobre la Diputación.
Sánchez señaló que la destrucción de documentos, que les ha reconocido el diputado popular Francisco Albarrán, «es muy grave porque la eliminación de documentos no es discrecional, sino que el procedimiento viene marcado por la normativa«.
Para hacerlo se necesita un protocolo de actuación, un calendario de expurgo, la apertura de un expediente en cada caso y comunicarle a la Consejería de Cultura que se va a proceder a destruir documentos. Si no siguen estos pasos «estaríamos ante un delito», dijo Sánchez.
El tiempo suficiente
Albarrán reconoció a los socialistas que los documentos destruidos son sobre el área de contratación de Fomento, y que una vez adjudicada una obra, se envía una parte del expediente al archivo general de la Diputación y el resto de los documentos se quedan en el área de Contratación. Transcurrido un tiempo «necesario y suficiente» esos documentos que no van al archivo general se ponen a disposición de las empresas que participaron en el concurso y si no los recogen se destruyen.
Esos documentos destruidos en la Diputación podrían contener la acreditación que presentaban las empresas al concurso, sobre todo, la relativa a su solvencia.
Albarrán dijo a los socialistas que esas acreditaciones ya están incluidas en los expedientes, porque los informes técnicos recogen el cumplimiento o no de los requisitos para ir al concurso.
Precisamente, el responsable de la mayoría de esos informes era Manuel Borrego, el jefe del área de Fomento, cargo de confianza y uno de los dos principales implicados en la trama de los presuntos amaños de las adjudicaciones.
