PSOE y Junts sellan el acuerdo para la investidura

PSOE y Junts cerraron este jueves un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras pactar el texto y el alcance de la futura ley de amnistía. La investidura tendría lugar el 15 y 16 de noviembre. Sánchez y el PSOE se adentran en una fase incierta, pero de momento lo que ha ocurrido es que Junts consigue la amnistía a cambio de renunciar a la unilateralidad para convocar un referéndum de autodeterminación.

PSOE y Junts han alcanzado un pacto por el que los de Puigdemont se comprometen a votar a favor de Sánchez en la investidura, a cambio de la amnistía desde 2012, un mediador internacional y las negociaciones de un referéndum, el reconocimiento como nación de Cataluña y la cesión del 100% de los tributos. Junts consigue la amnistía y renuncia a la vía unilateral para un referéndum sobre la independencia.

Después de anunciar el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts, ambas formaciones han dado a conocer el contenido del mismo. Los independentistas se comprometen a votar a favor de Pedro Sánchez en la investidura, prevista para la próxima semana y para la que ya tiene amarrados los votos necesarios.

El pacto entre PSOE y Junts supone “abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”, según recoge el documento del acuerdo se establece una mesa de negociación entre ambos partidos que incluya un mecanismo para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.

En el acuerdo, de cuatro páginas, ambas formaciones hacen patentes “sus profundas discrepancias”, y reconocen ser conscientes “de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender”. Frente a ello, apuestan por “la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”.

Para lograr estos acuerdos, el documento contempla un mediador internacional, aunque no lo califica así, que tendrá “las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.

El documento se establece que la “estabilidad de la legislatura” estará “sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos que resulten de las negociaciones”, en las que buscarán “superar los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña”.

Desde el lado independentista, pondrán sobre la mesa “la celebración de un referéndum de autodeterminación”, mientras que los socialistas “defenderán el amplio desarrollo del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña”.  

En lo referido al “autogobierno”, desde Junts propondrán “una modificación” de la ley de financiación autonómica “que establezca una cláusula de excepción de Catalunya”, reconozca “su singularidad” y facilite la “cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”. Frente a ello, desde el PSOE se “apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”. Ambas formaciones también abordarán “un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas” que abandonaron la comunidad autónoma a causa del procés.

Respecto a la amnistía, la ley se registrará en los próximos días e incluirá todos los delitos relacionados con el procés desde el año 2012, antes de la consulta del 9-N de 2014. Sobre estas actuaciones, el PSOE reconoce “una participación masiva en favor de la independencia”, tanto en la consulta de 2014 como en la de 2017. Si bien, mientras que Junts “considera legítimo el resultado y el mandato” del 1-O, el PSOE “niega toda la legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”.

Finalmente, aunque se da a entender que la amnistía no incluirá a los casos denominados por los independentistas como “lawfare”, entre los que se incluyen a los de Laura Borràs y Gonzalo Boye, el PSOE asume que han podido existir. Además, “se tendrán en cuenta en aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificación legislativas”.