No será “El topillo” el que se ha visto sorprendido por el desembarco en el PP de Castilla y León de cinco procuradores, cinco, de los doce que en la anterior Legislatura integraron el grupo parlamentario de Ciudadanos (q.e.p.d.), aquel partido que, de la mano de Albert Rivera, iba a regenerar la política española, enterrando un bipartidismo que no estaba muerto sino que estaba de parranda.
En primer lugar porque entre los códigos de comportamiento de Alfonso Fernández Mañueco está el de no olvidar los favores recibidos. Salvo a Dolores de Cospedal, a la que dejó tirada en las primarias celebradas para sustituir a Mariano Rajoy (su compadre Fernando Martínez Maillo le arrastró sin remedio hacia Soraya Sáenz de Santamaría), el actual presidente de la Junta suele agradecer los servicios prestados, máxime cuando la retribución corre por cuenta del erario. De otro lado, tan pronto pisaron moqueta, los Fuentes, Castaños, Rodrigos y demás “regeneradores” tuvieron meridianamente clara su vocación de parasitar a costa de la política.
Mañueco no olvida que el 22 de marzo de 2021 salvó el cargo gracias a que 11 de esos 12 procuradores naranjas votaron en contra la moción de censura impulsada por el socialista Luis Tudanca. Y que a todos ellos les dejó colgados nueve meses después el día que decidió disolver las Cortes y convocar las elecciones anticipadas del 13 de febrero de 2022, en las que, pese al desplome de Ciudadanos, el PP obtuvo menos votos -y mira que era difícil- que en las de 2019, en las que el PP había cosechado su peor resultado histórico en unos comicios autonómicos.
Excluido el ex vicepresidente Igea, el único de los doce que consiguió renovar el escaño, cinco de los otros diez procuradores que frustraron la moción han acabado siendo compensados por el magnánimo presidente de la Junta. El último ha sido Luis Fuentes, en su día el máximo responsable de C´s en Castilla y León y ahora flamante Delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias, cargo de difuso contenido remunerado según las crónicas con mas de 70.000 euros anuales (en la web oficial de la Junta figura el nombramiento, pero no su retribución exacta).
No son los 97.955 que se embolsaba en la presidencia de las Cortes, pero no son moco de pavo para alguien sin mas experiencia de gestión que la de haber sido concejal de pueblo durante su etapa en la Unión del Pueblo Salmantino, partido que por cierto defendía la autonomía del antiguo Reino de León frente a la configuración territorial de la vigente comunidad autónoma).
Y en estas va el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ya saben ese chico-bien-mandado-que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido-, y dice sin pestañear que la Junta designa sus altos cargos no por la afiliación sino por la “capacidad” y el “talento”. Talento el del incombustible Carriedo para firmar aquellos informes favorables a las ayudas a la minería cuando era Jefe de Servicio en la consejería de Economía a las órdenes de la malograda Isabel Carrasco…
La sinecura otorgada a Fuentes incluye el derecho de volver a disponer de coche oficial, que, de hacerlo efectivo, será el sexto de la Junta que realiza de lunes a viernes el itinerario Salamanca-Valladolid-Salamanca al servicio de otros tantos altos cargos con residencia en la ciudad helmántica. Al ex presidente de las Cortes le ha caído el premio gordo en comparación con otros ex procuradores que tuvieron bastante más peso político real que él dentro de Ciudadanos. Es el caso de Miguel Ángel González Rodrigo, el sempiterno responsable de Organización de C,s en Castilla y León, cuyo pedigrí en el partido se remonta nada menos que a 2007, época en los que los naranjas no se comían un colín. “Yo diría que más que estar en política, estoy en Ciudadanos”, decía en 2008 henchido de orgullo por su identificación con el partido el que pasado el tiempo sería conocido entre los afiliados, y no me pregunten porqué, por el alias de “El caramelitos”.
Después de haberse levantado durante la pasada Legislatura la morterada de 93.155 euros anuales (la remuneración fijada para los portavoces adjuntos de los distintos grupos parlamentarios), el heroico liberal González Rodrigo ha tenido que resignarse con los 44.412 euros anuales con los que se retribuye su puesto de asesor nombrado a dedo por el consejero de Presidencia. Cierto que el retroceso salarial es sustancioso, pero aún así duplica de largo el subsidio máximo por desempleo, amén de evitar el engorroso trámite de tener que ir a sellar en la oficina del Ecyl.
Otra repesca sonada ha sido la de David Castaño, el ex portavoz del grupo parlamentario naranja (97.955 euracos anuales mientras duró). Castaño, que pasará a los anales del parlamentarismo por considerar «liberales» las recetas keynesianas, ha pasado a percibir 41.000 euros como asesor del grupo popular en la Diputación salmantina, que sigue presidida por Javier Iglesias, un superviviente nato que lleva encadenando cargos públicos ininterrumpidamente desde 1995 (antes de presidir la Diputación ha sido alcalde de Ciudad Rodrigo, procurador de las Cortes, diputado del Congreso y senador). Número dos, tras Fuentes, en la lista salmantina de Ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas, el sobrino David ha seguido la senda de su tío Juan, quien, después de ser diputado del Congreso con el CDS de Adolfo Suárez, terminó aterrizando en el PP, etapa durante la cual tuvo la ocurrencia de organizar una capea en su finca del campo charro en la que JuanJosé Lucas sufrió un aparatoso revolcón por parte una vaquilla insuficientemente descastada. (Por fortuna, el estadista de El Burgo de Osma no sufrió una lesión como la padecida años antes en su etapa de presidente de la Diputación soriana, cuando le conoció «El topillo» precisamente en otra campea salmantina).
Los que en su día hicieron la vida imposible a María Montero, la procuradora que con ocasión de la moción de censura socialista abandonó Ciudadanos al no tragar con la sumisión del partido al PP, han acabado abandonando vergonzantemente la formación naranja para poder seguir en el machito.
Otra que tal baila: Marta Sanz Gilmartín. La que fuera secretaria tercera de la Mesa de las Cortes, cargo remunerado con los 97.995 consabidos, abandonó sus cargos orgánicos en Ciudadanos en septiembre de 2022 y antes de finalizar ese mismo año ya estaba afiliada al PP, partido por el que concurrió el pasado mes de mayo como número dos de la lista municipal de Arroyo de la Encomienda. A decir verdad, dado su aguerrido ardor patriótico y su querencia cromática por el rojo y el gualda, a “El topillo” le encajaba más su aterrizaje en Vox, pero total tampoco está resultando tanta la diferencia. E igualmente en el número dos de otra lista municipal, la del ayuntamiento de Zamora, recaló en mayo pasado Teresa Gago, la que fuera procuradora por Zamora del extinto partido naranja.
De los otros cinco procuradores de Ciudadanos, que junto a Igea, en marzo de 2021 salvaron de la quema a Mañueco, no se conoce contraprestación por parte del PP. De los burgaleses José Ignacio “Pocholo” Delgado y Blanca Delia Negrete, la abulense Inmaculada Gómez, el leonés Francisco Javier Panizo y la palentina Alba Priscila Bermejo nunca más se supo políticamente. Al menos por el momento. Como tampoco de la amiga Ana Carlota, la que fuera portavoz del grupo parlamentario y después consejera de Industria. Con la perspectiva del tiempo a buen seguro de que a alguno se le ha puesto cara de comparsa. Vista la relación de compañeros mártires agraciados por la magnanimidad alfonsina no sería para menos…
