La Junta de Castilla y León señaló a la Diputación de Salamanca respecto a la situación de los bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo tras la recepción de 4.000 firmas recopiladas por el movimiento ciudadano ‘12 de junio’, surgido después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca aceptara, en la fecha que da nombre al movimiento, el cese del contrato de la institución provincial con la asociación de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo que regulaba el servicio, como medida cautelar tras una denuncia interpuesta por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León.
ICAL. Según la organización ciudadana, la Junta de Castilla y León contestó por carta a la petición de volver a implante un servicio de emergencias en el parque de bomberos mirobrigense “igual al existente antes del 12 de junio de 2023”, apoyando la labor que durante 123 años realizó a Asociación de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo. La Consejería de Medio Ambiente, en concreto la Agencia de Protección Civil y Emergencias, respondió, según ‘12 de Junio’ que esta pretensión “la debe dirimir con la Diputación Provincial de Salamanca”.
Al tiempo, la misiva informa con respecto a la figura de bombero voluntario que se encuentra tramitando un anteproyecto de ley de ordenación y coordinación de los servicios de extinción de incendios y uno de los capítulos se refiere al personal colaborador, identificando dos categorías: las personas voluntarias y el personal de los servicios de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y privadas. Este anteproyecto tuvo un periodo de alegaciones que ya ha finalizado.
El Movimiento Ciudadano 12 de Junio también presentó las 4.000 firmas con dicha solicitud a la Diputación de Salamanca y a la Subdelegación del Gobierno en Castilla y León, sin que hasta el momento haya recibido contestación alguna, según confirmó este jueves en un comunicado remitido a Ical.
