‘El topillo’: Y presumían de reducir el gasto político… (I)

En marzo de 2022, al inicio de la actual Legislatura, PP y Vox alardearon de haber reducido el gasto político en las Cortes, simplemente porque acordaron reducir en 960 euros mensuales la asignación fija a los cinco grupos parlamentarios. El ahorro era por tanto de 4.800 euros al mes, esto es, 57.600 euros anuales. Habida cuenta de que el montante anual de dichas subvenciones asciende a la friolera de 3.717.048 euros anuales, la reducción en ese capítulo resultaba ser del 1,55 por ciento.

Con ese ínfimo ahorro se vendió la moto de que la coalición PP-Vox cumplía su compromiso de reducir significativamente el gasto institucional. Y lo que no contaron fue que en esa misma reunión de la Mesa de las Cortes se acordó aplicar el incremento salarial aprobado a hurtadillas por la Mesa anterior que presidía Luis Fuentes, entonces uno de los capitostes de Ciudadanos en Castilla y León y desde hace un mes nuevo alto cargo de la Consejería de Movilidad del gobierno PP-Vox.

De acuerdo con ese incremento, el “salario base” de los 6 miembros de la Mesa, los 5 portavoces y demás procuradores liberados por cuenta de la Cámara (en total 25: 9 del PP, 8 del PSOE, 5 de Vox, 2 de UPL-Soria ¡Ya! y uno del grupo mixto) pasaba de 73.211 a 76.355 euros, esto es, subía un 4,26 por ciento. Se mantenía la “indemnización” mensual de 1.800 euros mensuales que perciben los 6 integrantes de la Mesa y los 5 portavoces de los grupos, concepto que en el caso de los portavoces adjuntos era y es de 1.440 euros. Esta mal llamada “indemnización” es en realidad un completo salarial fijo y además fiscalmente fraudulento, ya que al conceptuarse como gasto está exento de tributar IRPF.

Pues bien, como quiera que de paso se ha equiparado a ese nivel de 76.355 euros la retribución fijada para cuatro procuradores que en la anterior legislatura percibían 59.648, el montante global del capítulo de retribuciones políticas ha pasado de los 2.272.494 anuales consignados antes a los 2.387.674 de ahora, es decir un incremento de 115.180 euros, es decir un 4,82 por ciento. Y ello pese a que en la actual legislatura se redujo de 26 a 25 el número total de liberados tras la decisión de PP y Vox de suprimir la portavocía adjunta del grupo mixto que siempre había existido, jugarreta que perseguía dejar sin dedicación exclusiva a uno de los dos supervivientes de Ciudadanos y Podemos, Francisco Igea y Pablo Fernández, respectivamente, quienes se han visto obligados a turnarse en la única “liberación” de que disponen.

Única reducción cierta: Cada vez menos transparencia.-Ya que no ha disminuido, sino todo lo contrario, el gasto político, lo que sí ha reducido la mayoría PP-Vox que controla las Cortes es el nivel de transparencia existente en este capítulo en la etapa PP-Cs. Antes aparecían en la web oficial los nombres de todos los procuradores “liberados” por cuenta de la Cámara con sus correspondientes retribuciones. Eso ha desaparecido, con lo cual, salvo los componentes de la Mesa y los portavoces titulares de los cinco grupos (esto es, los 11 que están en el top de los 97.955 euros anuales de retribución bruta), permanecen en el “anonimato” los otros 14.

Junto a Francisco Vázquez (vicepresidente primero), Rosa Esteban (secretaria segunda) y Raúl de la Hoz (portavoz), el grupo popular tiene designados portavoces adjuntos a Miguel Ángel García Nieto, Óscar Reguera y Mercedes Cófreces, desconociéndose el destino de sus tres liberaciones restantes. A las tres “top” del PSOE (la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez; el secretario primero, Diego Moreno; y el portavoz, Luis Tudanca) se añaden las de Patricia Gómez Urbán, José Luis Vázquez, Ángel Hernández, Nuria Rubio y en la octava se turnan semestralmente Alicia Palomo y Chelo Pablos. David Hierro e Ignacio Sicilia son los lugartenientes de Carlos Ménéndez en la portavocía de Vox, que cuenta en la Mesa con el presidente, Carlos Pollán y la secretaria tercera, Fátima Pinacho (los tres últimos con la consabida retribución “top”). En las portavocías titular y adjunta del grupo UPL-Soria ¡Ya! se vienen turnando el leonesista Mariano Santos Reyero y el sorianista José Ángel Ceña. El titular cobra el “top” de los 97.955 y el adjunto 93.635, diferencia que corresponde a la diferente “indemnización” mensual (1.800 y 1.440) establecida para dichos cargos.

Tampoco se ha reducido en las Cortes la nómina de personal eventual nombrado a dedo, sobredimensionada tras las sucesivas ampliaciones llevadas a cabo en la pasada legislatura que elevaron a 23 los puestos “de confianza”. Ya me dirán para que necesitan tres asesores, tres, cada una de las vicepresidencias de la Cámara. Y a diferencia de lo que sucede en la Junta, que publica en su web la remuneración anual de cada uno de sus 44 eventuales, el portal de las Cortes omite la cuantía de las retribuciones.

Y para completar el retroceso en materia de transparencia, la web de la institución parlamentaria, que venía ofreciendo trimestralmente lo que perciben en concepto de dietas y kilometraje cada uno del cerca de medio centenar de procuradores no liberados, ahora lo hace semestralmente y camuflando bajo iniciales la identidad de los perceptores. Una ocurrencia peregrina donde las haya, ya que no hace falta haber estudiado en Salamanca para averiguar que RMRF, el procurador con mayor número de dietas en el primer semestre del presente año (14.480 euros) no es otro que Ramiro Felipe Ruíz Medrano, aunque quien mas ha facturado ha sido el leonés Javier Campos de la Fuente (CFJ) al sumar al importe de las dietas (13.860 euros) otros 6.048 en concepto de kilometraje, apartado en el que no rascan los procuradores vallisoletanos.

En una próxima entrega cuantificaremos el gasto político de la Junta, que con el bipartito PP-Vox, lejos de reducirse, ha registrado un considerable incremento respecto al gobierno PP-Cs, que ya había disparado este capítulo con relación al último Ejecutivo monocolor del PP presidido por Juan Vicente Herrera. Siguen tomándonos por idiotas.

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