Soria, Salamanca, Ávila y Burgos fueron las más beneficiadas por las inversiones del Fondo de Compensación Interterritorial de 2021, que alcanzó los 19,3 millones de euros. Así lo recoge el informe ‘Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2021’, que entregó hoy a las Cortes el Consejo de Cuentas de Castilla y León.
ICAL. La dotación de estos fondos en 2021 en el conjunto del Estado se mantuvo en 432,4 millones, igual que en los tres ejercicios precedentes, aunque el porcentaje de participación de las distintas comunidades sí experimentó ciertas variaciones. En términos absolutos, Andalucía es la que recibe mayor importe, 160,7 millones (37,2 por ciento), seguida de Canarias, 57,8 millones (13,4 por ciento); la Comunidad Valenciana, con 53,8 millones (12,4 por ciento); y Galicia, 38,6 millones (8,9 por ciento). La autonomía que experimentó el mayor aumento fue Canarias, un 15,3 por ciento, y la que sufrió mayor disminución, Extremadura con una variación negativa del 11,3 por ciento.
Castilla y León recibió el 4,5 por ciento del importe total, con una dotación de 19,25 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,6 por ciento respecto del ejercicio anterior en el que la dotación fue de 18,76 millones, debido principalmente a la corrección por renta, compensada, en cierta medida, por la población. Estos créditos suponen el dos por ciento de las previsiones definitivas por operaciones de capital de la liquidación de ingresos consolidados de la Comunidad.
Dentro de la cantidad asignada a la Comunidad, se destinan 7,7 millones de euros, el 40,3 por ciento del total, a la financiación de proyectos de infraestructuras sanitarias que son competencia de la Consejería de Sanidad; 5,3 millones (27,5 por ciento) a proyectos de infraestructuras para la educación a cargo de la Consejería de Educación; 3,7 millones (19,4 por ciento) a proyectos de infraestructuras agrarias cuya gestión corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y 2,5 millones (12,8 por ciento) a proyectos de infraestructuras viarias gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
La dotación de los Fondos ha sido certificada, solicitada e ingresada íntegramente en el ejercicio 2021. Por tanto, el grado de ejecución de los superproyectos financiados alcanzó el 100 por 100. Según el Consejo, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos Fondo en el ejercicio 2021 en lo que respecta a la naturaleza inversora de los gastos realizados. En cuanto al control interno, señala que la Comunidad no lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse, si bien la certificación se realiza a nivel de superproyectos. Respecto de los derechos, su contabilización ha sido “adecuada” según Cuentas, excepto por las diferencias puestas de manifiesto en las dos entidades que gestionan las infraestructuras agrarias.
En todo el período, es decir, desde 1990 hasta 2021, las dotaciones de los Fondos experimentaron una disminución del 59,8 por ciento El mayor importe corresponde a 2008, 85,1 millones de euros. A partir de 2009, los recursos van descendiendo cada anualidad y desde 2015 el importe de la dotación tiene pocas variaciones, no superando ningún año los 20 millones.
Entre 2009 y 2021 en Castilla y León se produjo una minoración de la asignación de los recursos en un 77,1 por ciento, lo que supone una disminución de 64 millones de euros. Hay que destacar que algunos, como las infraestructuras agrarias y las viarias, se mantienen a lo largo del tiempo. Otros, como las infraestructuras sanitarias y las infraestructuras para la educación, empiezan a tener dotaciones desde 2009 y otros, como el saneamiento integral de aguas, dejan de ejecutarse desde 2012.
Los “superproyectos” de infraestructuras agrarias tuvieron a la máxima dotación en 2009, con un importe de 25,2 millones de euros, siendo en 2021 de 3,7 millones. En infraestructuras viarias la máxima dotación se produjo en 2008, con 61,4 millones, siendo el importe en 2021 de 2,5 millones. Los sanitarios y de educación, con dotaciones desde 2009, alcanzaron su máximo importe, 14,4 millones y 14,2 millones respectivamente, si bien redujeron en el ejercicio 2021 sus asignaciones, siendo el importe de 7,8 millones y 5,3 millones, respectivamente.
Las provincias de Castilla y León cuyas inversiones han sido más beneficiadas con la financiación de los FCI 2021 han sido Soria, con un 16 por ciento, seguida de Salamanca (12 por ciento), al igual que Ávila y Burgos. La menos beneficiada es Palencia, con el seis por ciento de la dotación total de los fondos.
Teniendo en cuenta la evolución de la dotación de los FCI por provincias desde los ejercicios 2004 a 2021, Burgos con el 16 por ciento, seguida de León, (14 por ciento), Salamanca (13 por ciento) y Valladolid (12 por ciento), son las que más inversiones han ejecutado con cargo a estos fondos. Teniendo en cuenta los últimos cinco años, la provincia más beneficiada es Salamanca, que recibió el 19 por ciento, seguida de Valladolid, con un 15 por ciento y en tercer lugar León y Soria con una inversión del diez por ciento. El resto de las provincias oscilan entre el siete por ciento de Palencia y Ávila, y el nueve por ciento de Segovia.
Recomendaciones
El Consejo de Cuentas mantiene las dos recomendaciones a la Consejería de Economía y Hacienda. En primer lugar, adoptar las medidas necesarias para que la contabilidad que refleja la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido a nivel de superproyectos en el Anexo a la Sección 36 de los Presupuestos Generales del Estado.
En segundo lugar, adoptar las medidas necesarias para que la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a infraestructuras agrarias se efectúe correctamente y se correspondan los derechos reconocidos con los gastos justificados, tanto en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León como en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como el control de los gastos financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial.
