En esta misma columna he abordado hace algunas semanas el gasto sanitario público en medicamentos y su impacto en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Otra parte muy importante del gasto es el precio de la tecnología sanitaria utilizada en los procesos diagnósticos y terapéuticos, un aspecto que nadie se atreve a poner encima de la mesa pero que es el elefante sentado en la parte oscura del salón que, aunque es evidente que está allí, nadie habla de él.
La asistencia sanitaria actual, que incorpora numerosos elementos e innovaciones tecnológicas, no es posible sin la interacción de un complejo entramado institucional y de empresas (administraciones públicas, universidades, centros de formación e investigación generadores de conocimiento, hospitales, sociedades científicas, colectivos profesionales, empresas de tecnología sanitaria, colectivos de ciudadanos y de pacientes…) pero debería estar guiada siempre por las prioridades sociales y la equidad, algo que no siempre sucede.
¿Quién autoriza una nueva tecnología en el SNS? La Red de Agencias Autonómicas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS) tiene como fin evaluar precozmente la seguridad para los pacientes de nuevas tecnologías diagnósticas, su efectividad (que cumplan el objetivo para el que están pensadas) y su coste-efectividad (que su coste se vea compensado por las mejoras de salud). Una vez aprobada su introducción será ya cada servicio autonómico de salud el que decida cuando, como y donde se incorpora.
La facturación del mercado de tecnologías sanitarias en el SNS durante 2022 alcanzó la cifra de 9.500 millones de euros. Los expertos apuntan que será una de las áreas, si no la principal, de incrementodel gasto sanitario, en las próximas décadas.
La inclusión de nuevas tecnologías debe basarse en el valor añadido de una tecnología sanitaria en comparación con otras existentes y en los resultados en salud. La evaluación de la eficiencia es relevantepor la limitación de recursos del SNS: al decidir financiar una intervención concreta los recursos que requiere no se pueden emplear en otras alternativas.
No siempre hay un equilibrio en las inversiones y utilización de la tecnología diagnóstica, y a veces se introducen innovaciones que aportan poco valor, benefician a pocos pacientes y que, en muchas ocasiones, se venían diagnosticando correctamente con métodos más baratos. En otras ocasiones las innovaciones tecnológicas sí tienen un valor añadido indudable que cubren necesidades no atendidas y permiten solucionar problemas de salud anteriormente de diagnóstico difícil o imposible. La toma de decisiones por los gestores sanitarios en torno a que inversiones en tecnología deben realizarse depende de muchos factores, entre los que debería predominar más el valor añadido y los resultados en salud que las presiones industriales, comerciales y de los profesionales, que también existen.
En un sistema sanitario público hay que tomar decisiones acerca de que prestaciones se financian y cuales se descartan y ambas están interrelacionadas: si tienes un presupuesto limitado lo que gastes en una cosa no podrás dedicarlo a otra y si hay que elegir, ¿cuánto se debe invertir en una tecnología que beneficiará a unos pocos y cuanto en una que beneficiará a muchos? Es una pregunta fácil de respuesta difícil y que, en la práctica, se resuelve en base a la interacción de los distintos actores que intervienen en el proceso: políticos, gestores, profesionales y empresas tecnológicas, en función de la mayor o menor capacidad de presión de cada uno de ellos, pero en la que en pocas ocasiones se toman decisiones con una visión global del sistema.
Estamos acostumbrados a hablar de las diferencias interterritoriales en el gasto sanitario y las desigualdades que supone para la asistencia sanitaria en las distintas comunidades autónomas; se habla mucho menos de los desequilibrios internos dentro de cada área de salud u hospital. Para cualquiera que conozca el funcionamiento del sistema sanitario público es evidente que existen importantes disfunciones al respecto y, junto a áreas tecnológicas muy desarrolladas en un mismo hospital o área sanitaria existen otras mucho menos desarrolladas, y este problema se agranda mucho más aun entre la atención especializada y la atención primaria, que carece en muchas ocasiones de la tecnología más básica que, además, es mucho más barata y beneficia a un mayor número de pacientes.
La evaluación de la eficiencia es relevante desde el momento en el que se cobra conciencia de la limitación de nuestros recursos: al decidir financiar una intervención, los recursos que exige no pueden ser empleados en otras alternativas (sanitarias o de otros ámbitos del bienestar como son las pensiones, la educación o la atención a la dependencia, entre otras). Por ello, cuando nos movemos en el terreno de las decisiones colectivas que implican el uso de recursos públicos, la exigencia es mayor que cuando aludimos a decisiones puramente privadas: no es suficiente tomar buenas decisiones, sino que se debe aspirar a que las decisiones sean las mejores posibles.
Seguramente es muy difícil encontrar un equilibrio entre todos los factores determinantes de las inversiones en tecnología sanitaria, pero no cabe duda que los desequilibrios producen enfermedades y enfermos de primera y segunda división en función de las posibilidades diagnósticas a partir de la distribución de los recursos. Racionalizar y equilibrar las tecnologías sanitarias acorde a la importancia de los procesos por prevalencia y gravedad, a los resultados en salud y al techo de gasto sanitario es una obligación de todos los implicados en el proceso.
Miguel Barrueco
Médico y profesor universitario.
1 comentario en «El precio de la tecnología sanitaria»
Las grandes multinacionales como Philips, Medtronic, General Electric, se benefician con el sistema público sanitario de países como España. En un sistema con un peso mayor de la medicina privada, habría muchas menos instalaciones de TAC, resonancia magnética, etc. se harían muchas menos exploraciones porque muchísimos pacientes no podrían pagar esas pruebas. En definitiva, el sistema público si no está bien gestionado (que no lo está), sirve también en gran medida a los intereses de la gran industria.