No es un mantra, aunque se lleva escuchando desde el año 2008, cuando salió a la luz el primer estudio serio sobre el déficit de profesionales que alertó de la falta de médicos en hasta 15 especialidades en el período 2008-2025.
Los firmaron las profesoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Patricia Barber Pérez y Beatriz González López-Valcárcel, las mismas que volvieron a elaborar el que ahora maneja el Ministerio de Sanidad para el período 2021-2025. En aquel estudio se pedía planificación, que es lo que no se hizo y de aquellos barros estos lodos.
Lo resume el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que ha sido cuestionado en las últimas semanas por contratar a médicos sin especialidad, algo que, defiende, han hecho todas las comunidades autónomas, incluso en tiempos precovid, desde Andalucía a Cataluña, pasando por Navarra y País Vasco, que es líder en retribuciones, y que ha tenido que llegar a cerrar de forma temporal algunos centros de salud. “No es un problema. Es el problema” que le ha obligado a esta media que justifica en “la necesidad imperiosa de mantener la asistencia sanitaria”.
Sin estos 235 profesionales contratados sin especialidad, algo que “por supuesto es legal”, se caería la Atención Primaria en muchos lugares, en especial en los pueblos, afirma. Mientras se llega un acuerdo nacional, explica a Ical que su departamento ya dibuja zonas de difícil cobertura y medidas nuevas que podrían comenzar a aplicarse el próximo año y con las que quiere taponar esta sangría que es un “grave problema de Estado”. “Si no se nos hace caso tendremos que utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para que el Ministerio tome conciencia y se dé cuenta de una vez de la importancia que tiene el déficit de profesionales”.
Las bolsas están agotadas y Sacyl ha decidido contratar a 235 médicos sin las especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, y están pendiente otros 100. Las sociedades científicas han puesto el grito en el cielo, incluso algunas barajan la posibilidad de denunciar a la Consejería. ¿Estas contrataciones son legales?
Sacyl ha encontrado esta vía de contratación, pero no sólo Sacyl. Todos los servicios públicos de salud de este país llevan contratando desde hace muchos años, mucho antes de la pandemia, médicos de Familia sin el título de especialista, y, por supuesto, es legal. Si tuviera la más mínima duda de ilegalidad, por supuesto que no lo realizaría. Somos muy escrupulosos a la hora de contratarlos cumpliendo todas las premisas que tenemos que cumplir, que son que no haya candidatos en la bolsa, que no se presente nadie, y seguir haciendo llamamientos periódicos.
En pandemia se promulgó un Real Decreto para dar legalidad a esta vía que ya ha caducado, ¿en qué norma se amparan estas contrataciones?
Nos amparamos en la necesidad imperiosa de mantener la asistencia sanitaria. Porque desde antes del año 2020, en el año de la pandemia, cuando se promulgó el Real Decreto Ley, ya había comunidades autónomas, no Castilla y León, que contrataban ya a médicos de esta manera. Incluso hay algunas que tienen normativas desde el año 2008 y vienen contratando médicos sin título homologado. Estas decisiones se basan en una jurisprudencia que dice que en caso de necesidad extrema para mantener la asistencia sanitaria y al no existir personal con la titulación homologada en la bolsa, prima el derecho de la asistencia sanitaria.
Pero estamos hablando de más de 230 contratos sin título, ¿no son muchos?
Mire, en agosto, se hablaba de que aproximadamente el 40 por ciento de los médicos de que presta asistencia sanitaria en Atención Primaria en Tenerife no tenían título de especialista homologado. Hoy, hay otras noticias que dicen que el 40 por ciento de todos los médicos de Cataluña no tiene el título de especialista homologado. Hace pocas semanas, el 23 de octubre, leía que en Asturias hay más de 1.100, mientras que antes de 2018 solo había 475. Todo esto demuestra que en todas las comunidades autónomas hay contrataciones de este tipo. Lo que pasa es que nosotros somos mucho más transparentes y decimos los que tenemos contratados.
¿La idea es contratar a otros cien médicos más bajo esta fórmula?
Estamos manteniendo una norma, aparte de ser muy escrupulosos en la bolsa y en los llamamientos, el contratar solo aquellos que no son imprescindibles para mantener la asistencia sanitaria. Es decir, siempre que podemos encontrar otro mecanismo de reorganización que nos permita mantener la asistencia, evitamos la contratación.
Las sociedades científicas de Medicina de Familia le han reprochado que esta forma de actuar desprestigia la especialidad y que, además, el que paga es el paciente. ¿Lo ve así?
Entiendo que no. Porque, en primer lugar, no se está perjudicando a ningún médico de familia. Es decir, cualquier médico de familia que quiera trabajar con nosotros, va a poder trabajar con nosotros, luego no hay ningún perjuicio ni ningún descrédito. Y en segundo lugar, cualquier residente que se está formando en Medicina Familiar y Comunitaria con nosotros no va a ver afectada su formación, porque ninguno de estos médicos contratados sin título de especialista va a participar en su formación. Por lo tanto, no hay ningún descrédito de la Especialidad Medicina Familiar y Comunitaria que me merece absolutamente todo lo respeto. Lo que hay es una necesidad imperiosa de para dar asistencia a la población.
