Agentes medioambientales, convocados por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y USCAL, se concentraron hoy de nuevo a las puertas de las Cortes de Castilla y León para rechazar la propuesta de la Junta de reducir en más de 70 las plazas de este colectivo, “cuando ni siquiera se pueden hacer los servicios en pareja, que es lo que garantiza la seguridad”. También reivindicaron que se equipare su “salario” y “reconocimiento” a la media estatal.
Ical.- Los trabajadores, bajo la lluvia, reclamaron a la Junta el cumplimiento del acuerdo alcanzado hace 16 años sobre la mejora de sus condiciones laborales, del que se ha incumplido el 80 por ciento de los asuntos negociados, y pidieron la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
El sector consideró “impresentable”, en palabras de Esaú Escolar, de USCAL, la propuesta de reducción de plazas, cuando la carencia de efectivos en la actualidad hace “muy difícil garantizar el servicio público de defensa del medio natural de la Comunidad”, así como dar servicio a los numerosos avisos que se atienden por recogida de fauna, atropellos, daños a la ganadería y otros incidentes que requieren, en muchas ocasiones, una atención inmediata.
Los cuatro sindicatos recuerdan que las funciones que realiza este cuerpo no se corresponden con la nueva clasificación y niveles retributivos que la Junta pretende llevar a cabo en la modificación de sus puestos de trabajo, dejando a los agentes medioambientales “en el nivel más bajo de la Consejería, a la par que no se contempla el complemento de ultra periferia”.
Escolar lamentó así que que la Junta incumple con el decreto del Gobierno central al “no tener un operativo de incendios todo el año” y “tampoco reconoce los niveles de acuerdo a funciones ofimáticas que sí que se reconocen a otro tipo de puestos de carácter administrativo”. “Nosotros trabamos en caza, pesca, espacios naturales, censos de especies protegidas, etcétera, y hacemos un montón de labores que tienen que ir luego digitalizadas para poderlas procesar”, puntualizó, momento en el que acusó a la Junta de “no pagar este servicio y no reconocerlo”, y de recibir amenazar por parte de algunos jefes de expedientes disciplinarios. A día de hoy, dijo, el trabajador “que lo hace es porque se ha autoformado con tutoriales”.
Igualmente, denunció que la diferencia con el resto de agentes medioambientales del país es de 320 euros por debajo de la media de España de sueldo mensual. Solamente el complemento específico supone 430 euros menos, con lo que amenazó con un “apagón digital”.
Por último, todos los sindicatos estuvieron de acuerdo en que la Junta deja al colectivo en el “nivel más bajo de todos los funcionarios de la Junta”. “El complemento específico, que es el que retribuye la peligrosidad, lo tenemos de los más bajos y somos los únicos funcionarios que gestionamos y tratamos con personas armadas. Lo que pedimos es una cuestión económica, pero es una cuestión de reconocimiento de nuestro trabajo, que nos equiparen a otros puestos”, concluyeron los manifestantes.
Para concluir, y tras recordar que los agentes medioambientales constituyen el único servicio público de defensa de la naturaleza en Castilla y León, los representantes de UGT, CCOO, CSIF y USCAL-APAMCYL han sido tajantes al manifestar que “mientras no exista una clara intención por parte de la Junta de negociar y hacerlo con una propuesta aceptable, los agentes medioambientales de Castilla y León seguirán con las concentraciones para protestar ante la inacción de los representantes del Gobierno autonómico”.
