El topillo/ Y prometían transparencia… (I)

A raíz de que los esclarecidos responsables de las Cortes decidieran enmascarar en la página web la identidad de la cincuentena de procuradores que perciben dietas (perdón, “indemnizaciones”) por asistir a las sesiones se ha levantado bastante revuelo con el retroceso en transparencia que viene observándose en el Parlamento Autonómico desde que comenzó la presente legislatura. Ha tenido que transcurrir más de año y medio para que algunos estimados colegas hayan caído en la cuenta. 

Pero la torpeza de intentar dificultar la identidad de los perceptores de dichas dietas -una peregrina ocurrencia atribuida al letrado mayor, el mismo que viene dando cobertura presuntamente jurídica a las extralimitaciones, por no decir arbitrariedades, del presidente de la Cámara, Carlos Pollán (Vox)- le parece a “El topillo” asunto de nulo recorrido, sobre todo porque, como ya se dicho aquí, no hace falta ser experto en jeroglífica egipcia para desvelar a quién corresponden las iniciales de cada una de las señorías incluidas en ese listado.

En materia de transparencia, el gran agujero negro de las Cortes radica en el uso y disfrute del dineral que suman -en 2023 nada menos que 3.717.048 euracos- las subvenciones directas transferidas a los cuatro grupos parlamentarios representados en el hemiciclo.

 A la cabeza el grupo popular (31 procuradores), con cerca de 1,4 millones, exactamente 1.396.200 euros, seguido de cerca por el grupo socialista (28), con 1.264.440. En tercer lugar (13 escaños), Vox, con 605.640 del ala, en tanto que el grupo integrado por Unión del Pueblo Leonés y Soria ¡Ya! (3 y 3) se reparten como buenos socios 298.200 €. Por último, el grupo mixto, integrado por los náufragos de Ciudadanos y Podemos, Francisco Igea y Pablo Fernández, respectivamente, y el procurador de “Por Ávila”, Pedro J. Pascual, recibe 152.568.

Resulta que, según se hace constar en la página web de las Cortes, los grupos parlamentarios “no son órganos del Parlamento, sino asociaciones de carácter privado con fines públicos” (sic). Razón por la cual los grupos no tienen ninguna obligación de justificar ante la institución el destino de la subvención recibida, de forma que son los propios grupos parlamentarios “quienes deciden si abren o no dicha información al conocimiento público”. Y, claro, verdes las han segado.

Lo más grande del caso es el argumento con el que en su día se justificó la elevada cuantía de estas subvenciones. Era cuando la sede de las Cortes radicaba en el castillo de Fuensaldaña y el razonamiento fue que para facilitar el acceso ciudadano a los grupos parlamentarios era necesario que estos dispusieran de oficinas en la ciudad de Valladolid. El argumento era muy razonable. Lo que ocurre es que el 14 de noviembre de 2007, miércoles todo el día, sus majestades el ahora emérito y su sufrida consorte inauguraban solemnemente el “mausoleo” ubicado en el vallisoletano barrio de Villa del Prado, que en realidad ya venía funcionando desde junio de dicho año, mediado el cual se celebró la sesión constituyente de la VII Legislatura, que reeligió como presidente al hoy asesor de Alfonso Fernández Mañueco y nunca bien ponderado José Manuel “Toti” Fernández Santiago, el del “cuñao” con “casoplón” en la República Dominicana.

¿Y disminuyó a partir de entonces la cuantía de las subvenciones a los grupos parlamentarios? Pues no precisamente. No solo no se redujo un céntimo de euro, sino que desde entonces se ha multiplicado casi exponencialmente hasta alcanzar en 2023 el importe total antes reseñado de 3.717.048 eurazos. Y eso que, a causa de las sucesivas caídas del censo, el pleno ha ido menguando y los 84 procuradores iniciales son ahora 81.

A la cabeza nos llevaríamos las manos si supiéramos en que se pule algún grupo parte de la subvención. La morterada da para mucho más que para mantener una oficina parlamentaria. Habitualmente es el principal ingreso con el que se financian las estructuras autonómicas de cada partido y en el caso de los mayoritarios todavía queda para asignar una cantidad fija a los procuradores no liberados por cuenta de la Cámara. Según desveló en su día “El topillo”, en el grupo popular dicho «fijo» llegó a extenderse a la totalidad de sus procuradores, incluido el presidente de la Junta y los consejeros con escaño, y alcanzó los 1.500 euros mensuales (hoy ronda los mil). En el grupo socialista la asignación ha sido siempre de inferior cuantía y siempre reducida a los no liberados.

Con cargo a la subvención se ha encubierto, y sospecho que sigue encubriéndose, algún que otro sueldo político opaco o la contratación de asesores como ese experto en «estrategia política» que «fichó» el grupo popular con la nada desdeñable soldada de 73.211 euracos anuales. (A propósito: ¿ha prescindido el PP de Castilla y León del puesto de tesorero autonómico del partido, cargo curiosamente desaparecido de su web oficial, en la que siempre figuró?). 

En fin, por no hablar de gastos todavía más espurios como ciertos viajes “gratis total” a determinados acontecimientos celebrados a muchos kilómetros de esta comunidad  (¡menudo sobresalto durante el realizado por algunos ilustres en mayo de 2022…!). Y, agotado el espacio, hasta aquí puedo leer hoy. (Continuará).

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