El Gobierno central subvencionará el transporte público con un 30% de descuento, independientemente de que las comunidades autónomas aporten el 20% que se exigía hasta ahora. Este cambio se produce debido al pacto entre el PSOE y Junts para que la formación catalana se abstuviera en la votación de los decretos anticrisis de este miércoles.
El PSOE se ha visto obligado a ceder ante Junts para lograr su abstención en la votación para convalidar los tres reales decretos que el Gobierno llevaba al Congreso este miércoles. Finalmente, tras lograr sus reivindicaciones, la formación catalana pasó del ‘no’ inicial a la abstención, permitiendo así que salieran adelante dos de los tres decretos que se votaban (el anticrisis y el ómnibus).
Si bien, esa abstención no valió para que el decreto impulsado por Trabajo y que contemplaba la reforma del subsidio por desempleo fuera convalidado, ya que los diputados de Podemos votaron en contra.
Para lograr el cambio de postura de Junts, el Gobierno ha tenido que pactar con la formación independentista una serie de medidas, entre las que destaca la bonificación al transporte público. Hasta ahora, el Ejecutivo venía subvencionando el 30% siempre y cuando las autonomías aportasen otro 20%. Tras el pacto con Junts, ya no será necesaria la aportación de las comunidades para que el Gobierno ponga ese 30%.
Así lo han confirmado diferentes miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien explicaba que, “hemos acordado con Junts que no se condicione la parte que nosotros vamos a financiar de un transporte que no es competencia del Estado, que es el metro, el autobús…”.
“El cambio es que esa bonificación que el Gobierno asumirá el descuento del 30% del transporte autonómico y municipal que antes estaba ligado al 20% que ponían las comunidades y que estoy segura que mantendrán”, añadía la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aclarando que la medida se extiende a todo el país y que, cuando el Ejecutivo ha propuesto “algún tipo de bonificación, nunca lo ha hecho a la carta para una sola comunidad”.
Además de la bonificación al transporte público, el pacto entre el Gobierno y Junts incluye otras cuestiones, como la cesión a la Generalitat de las competencias en inmigración, o la reforma de la ley de sociedades de capital que aprobó el PP en 2017 para que “las empresas puedan volver a Cataluña”. Si bien, en este ámbito, el PSOE se negó a sancionar a las compañías que no volviesen a Cataluña, como así pedía Junts.
