Mascarillas y sostenibilidad sanitaria

Dejando al margen a los negacionistas de las mascarillas que siguen en sus trece y no parecen tener remedio, existe un debate absurdo entre los partidarios de su uso durante la actual fase de la epidemia y los que denuncian que son un parche frente al colapso del Sistema Nacional de Salud (SNS) que se produce por la falta de recursos. Es un debate artificial porque ambas posturas no tienen por qué ser contrapuestas, son perfectamente compatibles e incluso complementarias.

Antes de la pandemia Covid el SNS venía dando muestras de agotamiento cuantitativa y cualitativamente debido a la falta de inversiones que los responsables políticos del mismo, tanto del gobierno central como de los gobiernos de las autonómicos venían practicando desde hacía décadas, sustentados en la filosofía subyacente en el Informe Abril de 1991. La necesidad de inversiones para sostener el SNS era ya evidente y no menos evidente era el desinterés en llevarlas a cabo.

No se trata únicamente de desidia de los respectivos gobiernos, lo que se viene desarrollando es una confrontación entre los partidarios de disponer de un sistema público que garantice la asistencia sanitaria para todos y los partidarios de transformar la asistencia sanitaria en un área de negocio como otro cualquiera. Estos últimos se convirtieron en potentes lobbies capaces de modelar el cambio que cada gobierno, dependiendo de su color político, consideraba aceptable e incluso posible en cada momento.

Los lobbies partidarios de la privatización adoptaron distintas estrategias, desde promover el modelo de colaboración pública-privada hasta propugnar directamente un modelo de financiación pública y provisión privada. Sin embargo, este último modelo comporta un cambio de paradigma tan radical que los partidos políticos no se han atrevido nunca a incluirlo directamente en sus programas y los gobiernos tampoco a llevarlo a la práctica.

Es por ello que, desde gobiernos claramente favorables al modelo privatizador, se ha establecido una estrategia consistente en retirar recursos financieros a los sistemas públicos, que ha dado lugar al deterioro asistencial, generado listas de espera con el malestar subsecuente en los ciudadanos usuarios del sistema y, en paralelo, financiar cada vez en mayor medida los sistemas privados por distintos mecanismos, entre los que se encuentra la desviación de pacientes de las listas de espera a centros privados (el dinero sigue al paciente), adjudicaciones de servicios y subvenciones por supuestos déficit de explotación y, a la vez, ‘estimular’ por distintos procedimientos el incremento de las pólizas privadas de aseguramiento en base al descontento de la población. Una estrategia escalonada coherente con los principios del cambio de modelo que se pretende.

La pandemia Covid19 demostró la importancia de disponer de un sistema sanitario público que, a pesar del deterioro que arrastraba, demostró ser la única alternativa válida para la inmensa mayoría de la población cuando se trata de defender la salud y no el dinero, pero arrasó al sistema público que sobrevivió como pudo y que ha quedado con secuelas muy importantes, sin que se haya decidido reforzarlo dotándole de los recursos necesarios tanto para las crisis como para épocas de estabilidad.

A pesar de ello, el debate sobre sanidad pública y sanidad privada, sobre los modelos de financiación y de provisión de asistencia sanitaria sigue abierto en todos los gobiernos autonómicos, e incluso algunos han acelerado el proceso extractivo de fondos públicos para financiar aseguramientos y provisión de asistencia privada. Los lobbies que presionan en este sentido han modulado, por ahora, sus aspiraciones que se limitan a absorber aquellos aspectos de la asistencia sanitaria que, por sus características, resultan rentables y a mantener en la asistencia pública todos los procesos sanitarios de coste elevado, tanto en patologías agudas como por ejemplo los trasplantes, tratamientos hematológicos, oncológicos o nuevos tratamientos inmunológicos, como en los procesos crónicos y los derivados del envejecimiento de la población.

Estos días el sistema sanitario vuelve a vivir dificultades derivadas del incremento de las infecciones por virus respiratorios, poniendo nuevamente a la Atención Primaria al borde del abismo y, en menor medida también a los hospitales, especialmente a los servicios de urgencias.

Como consecuencia de todo ello estamos viviendo nuevamente episodios absurdos de enfrentamiento político y medidas racionales tan sencillas que las dicta el sentido común como limitar la transmisión de la infección mediante el uso de las mascarillas en los centros sociosanitarios o la autodeclaración de bajas laborales de corta duración (ILT) que pueden evitar el colapso asistencial, que ahora debe ser la prioridad, vuelven a ser motivo de confrontación política.

Es evidente que no haber reforzado el sistema sanitario público desde 2020 hasta ahora es la causa fundamental del actual desbordamiento asistencial, pero no es menos evidente que el trasfondo económico y político que subyace es, una vez más, el modelo sanitario que se pretende, un modelo sanitario público de calidad, universal, equitativo y financiado con impuestos, cuyo único objetivo sea el cuidado de la salud, o un modelo privatizador donde el primer objetivo de los proveedores de servicios sea el beneficio económico y donde la salud, más que un objetivo, sea una disculpa para ganar dinero.

Miguel Barrueco
Médico y profesor universitario