La policía patriótica del Gobierno de Mariano Rajoy envió al Ejecutivo 34 informes sobre las investigaciones realizadas a cargos catalanes y sus familias a lo largo de un año y medio. Además, tal y como se ha conocido después, esos informes estaban repletos de falsedades y atribuían supuestas corrupciones a los investigados que han resultado ser inexistentes, según informa eldiario.es
Tras la decisión del por aquel entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en septiembre de 2012, de combatir al nacionalismo catalán, recurrió a la Policía para investigar a diferentes políticos y personalidades de la sociedad catalana. Para ello, indagaron tanto en las finanzas de los políticos, como en las de sus familiares, llevando a cabo todo ello sin control judicial y al margen de la ley.
De esta manera, en los registros de la Dirección Adjunta Operativa, liderada entonces por Eugenio Pino, figuran 34 investigaciones contra políticos catalanes entre noviembre de 2014 y junio de 2016. Durante este tiempo, algunos de los dirigentes investigados fueron Jordi Pujol, Artur Mas o Carles Puigdemont.
Tal y como se ha conocido tras una investigación conjunta entre elDiario.es y La Vanguardia, este es un nuevo ejemplo de las conocidas como ‘cloacas del Estado’ a las que recurrió el Gobierno de Rajoy en diferentes ocasiones. Además, las fuentes de la investigación indican que era Eugenio Pino quien canalizaba los dosieres que procedían de las distintas unidades policiales, documentación que acababa en el despacho de Jorge Fernández Díaz. Por su parte, la información más sensible se hacía llegar a Rajoy en sobres cerrados -que carecían de remitente y destinatario- a través del servicio de escoltas.
En esos dosieres, se alertaba sobre todo tipo de movimientos por parte de los cargos nacionalistas y sus familias. De esta manera, uno de ellos, con fecha de 27 de noviembre de 2015, se titula ‘Ampliación de la investigación sobre tenencia de bienes en Suiza de Xavier Trías’. Si bien, el exalcalde de Barcelona siempre ha negado la existencia de patrimonio fuera de España. Otro de los informes sobre el político catalán llevaba por título ‘Sobre corrupción urbanística relacionada con Trías’.
Otros de los documentos hablan desde una “posible trama de corrupción relacionada con la Sagrada Familia”, un supuesto “sistema de financiación irregular de ERC a través del exmagistrado del Tribunal Superior de Cataluña Eduard Bajet Royo”, o una investigación al por aquel entonces jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, acusándolo de proteger “a la familia Jorodovich en sus temas de tráfico de drogas”.
En cuanto al procedimiento seguido para la elaboración de los informes, elDiario.es pone un ejemplo. Con fecha de 17 de marzo de 2015, dos inspectores jefe de policía redactan un documento -para enviarlo al Ministerio- en el que hablan de una supuesta comisión de 90 millones de euros que Acciona pagó a Artur Mas a cambio de la concesión del servicio de Aguas de Barcelona por 50 años.
De la misma manera, la fuente de esa información era Daniel de Alfonso, director de la Agencia Antifraude en ese momento y quien se puso “a las órdenes” de Fernández Díaz, con el que meses antes fue grabado conspirando para preconstituir pruebas contra los políticos independentistas que pudieran llevarse a la Fiscalía y así lograr impacto mediático.
En esas grabaciones, de una reunión entre De Alfonso y Fernández Díaz en el Ministerio, el responsable de Interior afirmaba que Rajoy conocía todos esos movimientos contra el independentismo. “Lo sabe”, aseguraba, señalando que, “es un hombre discreto donde los haya” y cuya “mano derecha no sabe lo que hace la izquierda”. Por su parte, De Alfonso hablaba de los indicios contra políticos catalanes, y que él mismo consideraba endebles. Sin embargo, el ministro restaba importancia a la debilidad de las pruebas con un: “La Fiscalía te lo afina”.
