La Junta dice que el uso del móvil en las aulas ya está prohibido en CyL desde 2007

La Junta reiteró este miércoles que el uso de los teléfonos móviles en las aulas ya está regulado en Castilla y León desde 2007, por lo que lo expuesto en la reunión entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas para regular este tipo de dispositivos “no supone absolutamente ningún cambio” para los centros de la Comunidad. Así lo trasladó hoy el director general de Centros e Infraestructuras, José Miguel Sáez, quien asistió de forma telemática al encuentro convocado en Madrid.

Fuentes de la Consejería apuntaron a la Agencia Ical que lo expuesto hace unas semanas por la ministra Pilar Alegría no supone ningún cambio para los centros educativos de Castilla y León, al recordar que la última recomendación del Consejo Escolar del Estado sobre el uso de móviles en las aulas ya estaba establecida y regulada en la Comunidad desde 2007. Un órgano que propone prohibir el uso del teléfono móvil excepto para fines educativos, algo que ya se hace en Castilla y León. Además, recomienda regular su uso a través de los reglamentos de régimen interior de cada centro, que también ocurre en la Comunidad, impulsados por un decreto de 2007.

La ausencia de Rocío Lucas coincidió con la de otros los consejeros de Educación de gobiernos autonómico del Partido Popular, tras argumentar que el uso de los teléfonos móviles ya lo tienen regulado desde hace tiempo en sus respectivas comunidades. 

Uso cero

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, presidió hoy una reunión de trabajo con representantes de las comunidades autónomas para avanzar en la regulación del uso de los dispositivos móviles en los centros educativos. Según informa el Ministerio, en la reunión se debatió sobre la necesidad de dar una respuesta común a una preocupación social como es el uso de estos dispositivos en los colegios.

La propuesta trasladada por el Ministerio a las comunidades consiste en un uso cero del móvil en Infantil y Primaria, y en limitarlo a actividades pedagógicas cuando el docente así lo considere en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En todos los casos se contemplarán circunstancias excepcionales. Además, hay comunidades que han planteado que en etapas de enseñanzas postobligatorias sean los centros los que puedan establecer el uso.

Además, se evidenció que las respuestas que se están dando y en las que se están trabajando van en una línea muy semejante a lo planteado por el Consejo Escolar y el Ministerio, valora el departamento de Pilar Alegría.