La Junta, en desacuerdo con la sentencia sobre Navacerrada

"No compartimos que el TSJCyL nos diga qué es lo que tenemos que hacer”, dice el consejero Suárez-Quiñones
La estación de esquí de Navacerrada. (Archivo)

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostró este viernes su “desacuerdo jurídico” con la sentencia la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre la estación de Navacerrada y argumentó que aunque la Junta acepta la parte del fallo en el que se indica que la Administración autonómica es competente para analizar la caducidad de la concesión, la posibilidad de prórroga y ejecutar un posible desmantelamiento, “no compartimos que nos tenga que decir que es lo que tenemos que hacer. La competencia es nuestra, pero seremos libres de decidir lo que corresponda”

Ical.- Suárez-Quiñones confirmó que la Junta presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y anunció que desde la Junta se volverá a pedir al Gobierno la transferencia de la titularidad de los Montes de Valsaín, paraje donde se ubica la parte segoviana de la estación de esquí.

El consejero, que argumentó que la explotación de la estación de esquí de Navacerrada es perfectamente compatible con la protección natural del entorno, afirmó que la Junta rechaza un “nuevo ataque del Gobierno de España a Castilla y León” al intentar desmantelar esta estación de esquí. En este sentido, indicó que en España existen más de 30 estaciones de esquí y se preguntó por qué el Ejecutivo central se tienen que “fijar” en la que disfrutan Castilla y León y Madrid.

Además, insistió que desde la Junta se luchará con todos los recursos para mantener abierta la estación y defender los intereses de Castilla y León, a la vez que advirtió que “hay muchas cartas que jugar en un partido que aún no ha terminado”.

Por otra parte, sobre la solicitud al Gobierno para la transferencia de la titularidad de los Montes de Valsaín, el consejero aseguró que es un “anacronismo” que el Gobierno sea titular de 10.000 hectáreas de monte en Castilla y León. “No tiene ningún sentido que en la España del siglo XXI que una administración de fuera de Castilla y León sea titular de un monte tan importante de nuestro territorio”, sentenció.

Inicio del pleito

El conflicto surgió cuando la empresa concesionaria de la estación de esquí de Navacerrada solicitó del organismo público Parques Nacionales la renovación de su concesión, y a la Junta de Castilla y León, que tal concesión se interrumpiera por el mismo tiempo que duraron las medidas derivadas de la pandemia de la COVID-19. En ese momento, el organismo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, requirió a la Junta de Castilla y León para que fuera ella quien declarara la caducidad del título de concesión, que había otorgado el Ministerio 25 años antes, y que fuera la Administración autonómica la que se ocupara del desmantelamiento de las instalaciones.

La Junta de Castilla y León declaró su falta de competencia para resolver las solicitudes de la empresa concesionaria y de Parques Nacionales.

El TSJ de Castilla y León, sin embargo, ordena a la Junta de Castilla y León declarar el cierre de las pistas de esquí de Navacerrada. Y lo hace tras rechazar las objeciones alegadas por los Servicios Jurídicos de la Comunidad, que pusieron de manifiesto durante el procedimiento que la Orden para acudir a los tribunales de justicia no se había dictado por el órgano del Ministerio competente para ello. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, una vez terminada la tramitación del procedimiento, y antes de dictar sentencia, concedió al Ministerio la posibilidad de aportar nueva documentación para salvar el defecto. 

La sentencia rechaza que deba ser el Ministerio que otorgó la concesión el que se pronuncie sobre la petición de la empresa concesionaria para interrumpir el plazo de esa concesión por las restricciones sufridas por la COVID-19, y soslaya la incongruencia en la actuación del Gobierno central, ya que la interposición del recurso va contra sus propios actos: la propia directora del organismo autónomo Parques Nacionales ya había notificado a la sociedad Puerto de Navacerrada – Estación de Esquí el 3 de marzo de 2021 un oficio comunicando la caducidad de la concesión y la imposibilidad de su prórroga, requiriendo, además, el desmantelamiento de las instalaciones, el perfilado de los terrenos y su idoneidad para la recuperación de la zona a fecha 30 de octubre de 2021.

Al resolver la cuestión, la sentencia va más allá de decidir que la competencia es de la Junta de Castilla y León. En el fallo no solo ordena a la Administración autonómica la tramitación de la solicitud, sino que ya impone el resultado de ese procedimiento al condenar a la Junta “a declarar -previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, con audiencia de los interesados- la caducidad del título concesional, con la determinación de los pronunciamientos correspondientes en materia de liquidación del estado posesorio y de retirada de las instalaciones y de restauración de la realidad física alterada”. Del mismo modo, requiere a la Junta de Castilla y León el pronunciarse sobre la solicitud de interrupción temporal del cómputo del plazo de duración (o prórroga) como consecuencia de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.

La Junta afirma que «de las más de 30 zonas de pistas de esquí existentes en España, el organismo autónomo Parques Nacionales ha buscado el cierre de las ubicadas en Navacerrada, sin causa medioambiental ni social que lo justifique, ya que durante la vida de la concesión y con la estación de esquí en funcionamiento han existido figuras de protección y se han aprobado instrumentos normativos de gestión, que además no existían en el momento de otorgar la concesión en 1996».

«Ni uno solo de todos esos instrumentos prohíbe la práctica del esquí ni la existencia en sí de la estación, que existe desde hace casi 90 años, y no han impedido que el entorno haya podido reunir las condiciones para poder ser declarado Parque Natural primero, su entorno Nacional después, e incorporarse a la Red Natura 2000 y a la Red de Reservas de la Biosfera», concluye.

2 comentarios en «La Junta, en desacuerdo con la sentencia sobre Navacerrada»

  1. Nadie le obliga sr Quiñones a compartir la opinión del Tribunal Supremo de CL, lo único que tiene que hacer es acatar la sentencia. Casi todas las estaciones de esquí de España son deficitarias, en ellas se han enterrado millones de euros de las arcas públicas. El cambio climático obligará a que se cierren casi todas. Deje de dilapidar el dinero público y lea los informes de síntesis del IPCC, que falta le hace.

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