Nacimiento, desarrollo y ¿ocaso? de la sanidad pública (segunda parte)

Existen dos razones que explican las “turbulencias” que atraviesa el modelo sanitario español: la pérdida de influencia social y política de la ciudadanía, especialmente las clases populares, en la toma de decisiones de los gobiernos, y el “negocio” que está detrás de la prestación de servicios sanitarios y la subsiguiente presión de los lobbies por aprovecharlo.

En relación con la primera de ellas un ejemplo palpable es la situación del sistema sanitario madrileño (Salud Madrid) donde más de un centenar de movilizaciones de ciudadanos y profesionales, algunas de ellas multitudinarias y sostenidas en el tiempo, no han servido para modificar la línea trazada de desmantelamiento. Igual ha sucedido en otras CC. AA. como Galicia, Andalucía, Cataluña o Euskadi. En realidad, las protestas y movilizaciones afectan a todas las Comunidades Autónomas en función del ritmo de las reformas privatizadoras.

La profesora Magda Rosenmöller experta en política sanitaria en Europa señala que, en cualquier sistema sanitario, independientemente del modelo Bismark o Beveridge que aplique, habrá más demanda que recursos. En los servicios privados el mecanismo de regulación es el precio, en los públicos la lista de espera.

En los sistemas sanitarios públicos la asistencia universal y los avances diagnósticos y terapéuticos de los últimos años han disparado el coste, lo que sirve a los ideólogos de los recortes para afirmar que el sistema sanitario público no es sostenible, un argumento similar e igual de falaz al que se aplica, por ejemplo, a la sostenibilidad de las pensiones, otro de los pilares del estado del bienestar.

La segunda de las razones que explican la ofensiva contra la sanidad pública es que la asistencia sanitaria es un nicho de negocio privado no suficientemente aprovechado, por lo que existen numerosos intereses económicos en extraer con carácter inmediato recursos del sistema público y transferirlos al privado, coincidiendo por tanto en un proceso de acoso y derribo sostenido del mismo. Forma parte de la estrategia de globalización de la economía y del funcionamiento habitual de los fondos de inversión especuladores.

La Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el gobierno de José María Aznar,permite a las comunidades autónomas llegar a acuerdos o contratos con empresas privadas para gestionar la sanidad pública. Gobiernos sucesivos de distintos signos políticos no la han derogado y si la han utilizado. Esta Ley trajo consigo la entrada de fondos de inversión al sistema sanitario que buscan el beneficio económico inmediato mediante la devaluación de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, incluyendo el recorte de las plantillas, el descenso en el número de camas y el uso de nuevas tecnologías con la subsiguiente deshumanización de la atención sanitaria situando el beneficio por encima de los resultados obtenidos en salud.  

Esta extracción de recursos públicos tiene lugar bajo tres modelos privatizadores de gestión: 1º el modelo PFI (Iniciativa Privada de Financiación) que consiste  en la construcción y gestión privada de hospitales, excepto la gestión del personal sanitario  (p. ej. Majadahonda, Vallecas, Parla, Aranjuez, Coslada, Arganda y San Sebastián de los Reyes en Madrid o Burgos en Castilla y León) y que duplica o triplica el coste sobre la alternativa de construcción y gestión pública; 2º concesiones administrativas en las que empresas privadas construyen el hospital y se hacen cargo de su gestión completa, incluyendo el personal sanitario, por un largo periodo de tiempo, en general de 20 a 30 años (p. ej. el hospital de La Ribera en Alzira o los hospitales de Valdemoro, Torrejón, Móstoles-Rey Juan Carlos  y Collado-Villalba en Madrid); y 3º la cesión completa de la gestión de un área sanitaria (hospital y centros de salud) a una empresa privada como es el caso de la fundación Jiménez Díaz en Madrid o lo fue el área sanitaria de Alzira en la Comunidad Valenciana.

Los tres sistemas se implantan simultáneamente en Madrid y suponen importantes sobrecostes anuales. La concentración de las concesiones en determinados grupos significa, de facto, la creación de oligopolios con una posición dominante de mercado que establece precios abusivos a las administraciones sanitarias y, aun así, frecuentemente le endosan también los supuestos déficits de explotación con un incremento en el canon anual establecido, con independencia de que crezcan o no los presupuestos sanitarios públicos. La empresa privada que lo gestiona mira por sus intereses y esto implica también que los recursos que se destinen a los pacientes pueden estar limitados para ahorrar costes. La cacareada eficacia y eficiencia de la gestión privada sobre la pública, que sirvió inicialmente para justificar este tipo de política sanitaria, ya no se sostiene y ha dejado de ser el argumento legitimador que se utilizaba para justificar la trasferencia de fondos públicos a la sanidad privada y ahora ya no se puede sostener.

Es plausible que la organización de la asistencia sanitaria que se diseña en los laboratorios de ideas liberales sea un sistema a dos velocidades y termine siendo un sistema sanitario doble: una sanidad privada de calidad con financiación privada para quien pueda pagarla, incluso subsidiada públicamente como ya sucede con la enseñanza,  y otra pública de segundo nivel con menores prestaciones cuantitativa y cualitativamente, un nivel que sin llegar a ser la antigua beneficencia se le aproxime bastante, pero el objetivo final no es otro que la privatización total del sistema como en Estados Unidos. En este modelo el estado interviene solo para contribuir a prestar asistencia limitada a los más desfavorecidos y a grupos marginales sin recursos. La serie de televisión de Netflix New Ámsterdam lo expone perfectamente.

Obviamente no se trata de un proceso lineal que tenga lugar a la misma velocidad en todos los sistemas autonómicos de salud, pero la orientación en todos ellos es la misma. Solo la oposición ciudadana podrá ralentizar el proceso, pero aquellos que crean que tienen garantizada la asistencia sanitaria deberían poner sus barbas a remojar. Existen muchos derechos que en la práctica han dejado de serlo (CONTINUARÁ).

Miguel Barrueco
Médico y profesor universitario