Los agricultores españoles han salido a las calles para protestar por la situación que atraviesa el sector, convocando a lo largo de los últimos días diferentes manifestaciones, tractoradas y cortes de diferentes carreteras. Se suman así a los agricultores y ganaderos de otros países europeos, como Francia, Alemania o Italia, que vienen protestando desde hace semanas.
Después de varios días de protestas, cortes de carreteras y manifestaciones, este martes, 6 de febrero, los agricultores y ganaderos han comenzado su agenda de movilizaciones a nivel nacional. Los españoles han sido los últimos en sumarse a los trabajadores del sector primario de países como Francia, Alemania o Italia, que llevan varias semanas centrando sus protestas contra Europa ante los problemas que afectan al sector.
En el caso español, aunque las principales asociaciones agrarias -Asaja, Coag y UPA- han acordado un calendario de protestas para reclamar un “ambicioso plan de choque” para lograr mejoras en el sector, estas movilizaciones no comenzarán hasta este jueves, 8 de febrero. Este martes ya se han producido movilizaciones y tractoradas a nivel nacional, en muchos casos convocadas de forma oficiosa a través de redes sociales, como la que ha afectado a Salamanca. Tras ellas están una escisión de la COAG y la denominada PlataformaF6, cuyo programa es muy parecido al de la ultraderecha española en lo referente a la agenda 20230 y el rechazo a la regulación medioambiental de la actividad agropecuaria.
Tal y como han venido explicando las organizaciones agrarias, reclaman medidas tanto a nivel europeo, como estatal y de las comunidades autónomas. En primer lugar, el agro denuncia la nueva Política Agraria Común (PAC) y el “exceso de burocracia” que supone. De la misma manera, protestan por el nuevo modelo de ecorregímenes que se contempla en la nueva norma, agravado además en España por la sequía que azota al país.
Por otro lado, consideran fundamental unos precios justos para sus productos, logrando que sean superiores a los costes de producción. En este sentido, lamentan que la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021, no está resultando eficaz y no logra equiparar el poder entre los agricultores, la industria y los distribuidores.
El uso de los fertilizantes es otra de las cuestiones que rechazan es la obligación de reducir el uso de fertilizantes, que la Unión Europea ha fijado entre el 20% y el 50%. Tal y como lamentan, esta normativa dificulta la competitividad de los agricultores europeos frente a los de terceros países, al tiempo que se reduce el rendimiento de las cosechas.
Finalmente, otras de las reivindicaciones de agricultores y ganaderos pasan por flexibilizar algunas medidas medioambientales, la reforma del seguro agrario o el fin de la competencia desleal de países extracomunitarios, desde donde llegan productos que no cumplen las mismas exigencias que los europeos.
Estas últimas medidas coinciden con el programa de la ultraderecha española sobre la agenda 2030 y la regulación normativa del sector primario.
