Pablos critica que no se paguen los gastos de los institutos y se presuma de superávit

CCOO realiza un requerimiento por el que se pide a la Administración que de forma inmediata se proceda a abonar los fondos pendientes
El colegio Valvanera, en Santibáñez de Béjar.

El portavoz socialista de Educación en las Cortes de Castilla y León y procurador del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, instó  a la Junta a  abonar antes del 15 de febrero las cantidades correspondientes al presupuestos de 2023  que la Junta adeuda  a los centros  educativos.

En una intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla y León Pablos denunció  las «gravísimas» consecuencias” que el retraso en el abono de las cantidades  para gastos de funcionamiento está ocasionando a docentes  y estudiantes de centros públicos tal y como viene explicando a lo largo y ancho de la comunidad autónoma durante las últimas semanas.

Los retrasos de la Junta a la hora  pagar  a los centros educativos públicos no es algo nuevo pero, subrayó  “lo ocurrido en estos últimos meses supera todo lo justificable en el funcionamiento de una administración pública”, afirmó.    

A pesar de esto, ha lamentado el procurador salmantino, “PP y Vox votan en contra de nuestra iniciativa para pagar antes del 15 de febrero las cantidades correspondientes a 2023 que la  Junta adeuda  a  los colegios  públicos”

La semana pasada, ha recordado el procurador salmantino, la Junta presumía de superávit en las cuentas de Castilla y León mientras siguen sin pagar importantes cantidades presupuestadas para gastos de funcionamiento en colegios e institutos públicos, “¡Hay que tener mucha cara!” ha remachado.

La proposición del PSOE instaba asimismo a la Junta a informar, antes del 29 de febrero de 2024, a todos los centros docentes públicos no universitarios de las cantidades asignadas para gastos de energía y gastos de funcionamiento para el presente año, que en ningún caso podrán ser inferiores a las transferidas en el año 2022, y realizar los libramientos antes de del 1 de marzo y del 1 de noviembre de cada año, además de comunicar a dichos centros entre los meses de enero y febrero el calendario anual de libramiento para los gastos de energía y gastos de funcionamiento precisando lo máximo posible las fechas de estos. Se trataba, añadió Pablos de “peticiones justas y sencillas de cumplir para quienes presumen de tener superávit” concluyó.

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