Nacimiento, desarrollo y ¿ocaso? de la sanidad pública (y tercera parte)

Para arreglar el desaguisado que ha supuesto para la sanidad pública la entrada de empresas especuladoras se necesita reformar la legislación, especialmente la Ley 15/097. En palabras de la actual ministra de Sanidad pronunciadas hace algún tiempo cuando aún no era ministra, dicha Ley “abrió una puerta que es muy difícil de cerrar, tenía mucho de conflicto y perversión, y se ha traducido en una parasitación público-privada. La experiencia de la pandemia ha evidenciado la necesidad de cerrar esa puerta, lo que no impide que pueda haber determinados contratos donde el sustrato sea la colaboración, no la especulación”. En fechas más recientes afirmó que “la privatización sanitaria está vinculada con un aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad en la asistencia sanitaria” y “los intentos de privatización han sido obscenos, ineficientes y caros”.

El pasado 26 de enero Mónica García, ahora ya como ministra de Sanidad, anunció que su ministerio impulsará una Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud que derogue la Ley 15/1997 y que “blinde la gestión pública directa en el sistema sanitario primando la equidad, universalidad y cohesión. No se trata de intervenir la sanidad privada, que tiene su propio espacio, se trata de evitar la parasitación y la privatización de la sanidad pública”. Veremos hasta donde le es posible llegar, o dicho de otro modo más claro: hasta donde le dejan llegar. Por lo pronto la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) tildó de “insidias” las declaraciones de la ministra. “Son declaraciones que quiebran el imprescindible clima de colaboración para contribuir a una cooperación beneficiosa para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, señala la patronal.

Ángeles Maestro y Juan Antonio Gómez Liébana, en un artículo publicado recientemente recuerdan que todas las licitaciones se referencian a una misma ley: “hay que derogar la Ley 15/97 para paralizar la privatización en todo el Estado y rescatar los centros que el sistema sanitario estatal necesite, algunas de las concesiones son hasta 2044 y las concesionarias ya recuperaron la inversión, y no todos los hospitales privados que se abrieron son necesarios”. Otra de las medidas que proponen es modificar la Ley General de Sanidad para que ninguna de las infraestructuras construidas con dinero público pueda ser enajenadas o alquiladas.

Como ya he señalado con anterioridad el objetivo mayor del capital interesado en el sector sanitario es la privatización total del sistema, como en EE.UU., aunque parece difícil que puedan conseguirlo a corto plazo por el rechazo de la población, motivo por el que las estrategias graduales para que no se note tanto parecen más factibles para ganar dinero a corto plazo y para conseguir dicho fin a medio o largo plazo.

A ese objetivo sirvieron también los recortes del gasto impulsados desde la Unión Europea instando a reducir la deuda pública, ratificado en España con una modificación exprés de la Constitución a cargo de PSOE y PP, contribuyendo al desmantelamiento de la sanidad pública y produciendo el incremento de las listas de espera, dando lugar al rápido ascenso de las pólizas de las aseguradoras privadas que crecen anualmente a un ritmo del 5%; en la última década la sanidad privada en España ha crecido un 53% y ya factura 11.000 millones.

Las listas de espera han servido como pretexto para aumentar el gasto en conciertos con clínicas privadas de patologías rentables para estas, permitido por el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. El gasto estatal promedio en conciertos en 2021 fue del 12%, en Cataluña alcanzó el 25% y en comunidades autónomas como Madrid o Baleares se ha duplicado en los últimos años y se sitúa en el 11,7% y el 8,6% respectivamente. En Castilla y León el porcentaje del gasto sanitario dedicado a conciertos es del 2,8%. La Comunidad de Madrid tiene previsto gastar 1.209 millones de euros en conciertos sanitarios con empresas privadas a lo largo de 2024 y lo previsible es que sean aún más, pues suele haber un gran desvío entre lo presupuestado y lo gastado.

Cabe preguntarse si en una economía capitalista cabe una isla “socializante” como es en España la sanidad pública. Lo que está sucediendo con la asistencia sanitaria pública no es diferente que lo que sucede en otros sectores de la economía. Parafraseando la famosa frase de Bill Clinton en 1992 “se trata de la economía estúpido” se puede señalar que “no se trata de la salud estúpido, se trata del negocio” y en la asistencia sanitaria hay mucho negocio y mucho dinero por ganar, especialmente si se trata de un área de actividad tan sensible y, por ello, subsidiada por el Estado mediante pago directo, conciertos o rescates, por lo que el negocio y el beneficio están asegurados (nunca mejor dicho).

Los que tenemos una cierta edad conocimos una sociedad sin sanidad pública y muchos recuerdos de situaciones vividas en aquella época no son muy agradables. A los que casi toda nuestra vida hemos vivido protegidos por un sistema sanitario público nos parece imposible que pueda llegar a suceder, nos parece imposible que el cadáver de la sanidad pública pase por delante de nuestra puerta, pero si seguimos sentados en la puerta de nuestra casa sin hacer nada al respecto lo veremos pasar. Los cadáveres de otros muchos derechos fundamentales han pasado ya camino del cementerio de la historia.

Miguel Barrueco
Médico y profesor universitario