El Ministerio de Sanidad ha abierto varios frentes en torno a los que piensa articular el eje de su acción política en la actual legislatura. Sin menospreciar proyectos tan importantes como la reforma de la atención primaria o la creación de una agencia estatal de salud pública, hoy quiero centrar mi opinión en las modificaciones de la política relacionada con la promoción y consumo de tabaco, una necesidad para la que ya existía un proyecto que llevaba tiempo acumulando polvo en el cajón de la mesa de la anterior ministra canaria Carolina Darias, y que parece ahora el Ministerio va a desempolvar.
El tabaquismo es el principal problema de salud pública de las sociedades desarrollas, pero también es, en palabras de Javier Padilla, médico de familia y actual secretario de estado de Sanidad, “un problema global con implicaciones comerciales, industriales y de la salud en todo el planeta”. Bueno es tener en cuenta los factores e intereses que lo rodean y amparan cuando el secretario de sanidad asegura que “las políticas frente al tabaquismo son una de nuestras prioridades” y, por tanto, debe conocer perfectamente a que poderes se están enfrentando.
La industria tabaquera es consciente de que el consumo de cigarrillos, tal y como se contempla ahora, no tiene futuro comercial, por lo que desde hace años ha modificado sus productos hacia nuevas formas de consumo como vapeadores y cigarrillos electrónicos, con los que está consiguiendo penetrar en el mercado de los jóvenes y a la vez sortear las restricciones impuestas al consumo de cigarrillos tradicionales.
Respecto de la primera cuestión es obvio que se ha producido un incremento importante del consumo de tabaco mediante estos nuevos dispositivos, especialmente entre los jóvenes, que se hacen adictos a la nicotina en la misma medida que podrían hacerse si consumieran cigarrillos convencionales y cuyo uso es también pernicioso para la salud (no son inocuos).
La industria tabaquera los promociona utilizando para ello falacias como afirmar no solo que su consumo es menos perjudicial sino inclusive que son un procedimiento para reducir los riesgos del fumador e incluso para facilitar el abandono del tabaco. Siguiendo su línea argumental pronto serán capaces de solicitar que la sanidad publica financie su uso como tratamiento para dejar de fumar. Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras.
Los últimos datos disponibles muestran que se ha producido un incremento notable del uso de estas formas de tabaco entre los jóvenes y que el inicio al consumo tiene lugar cada vez a edad más temprana, consolida el consumo de nicotina y dificulta el abandono posterior de cualquier forma de tabaco. Según la encuesta EDADES de 2023, el 12,1%de las personas de 15 a 64 años los han consumido alguna vez en la vida, casi el doble del 6,8% de 2015. El grupo de 15 a 24 años es el que presenta la mayor prevalencia de consumo: el 18,8% lo ha consumido alguna vez en la vida y el 9,1% en el último año.
En relación con el segundo aspecto, el movimiento de prevención del tabaquismo en España lleva tiempo pidiendo las modificaciones legales necesarias para aplicar a estos dispositivos la misma regulación que al consumo de cigarrillos; hasta ahora no se ha conseguido que el gobierno asuma y lidere los cambios legales necesarios a al fin. No es que en el Ministerio de Sanidad no estén convencidos de su necesidad, sino que las presiones industriales y comerciales sobre este y sobre otros ministerios económicos han prevalecido en el consejo de ministros sobre los intereses de la salud pública.
Las declaraciones del nuevo equipo del Ministerio de Sanidad abren una puerta a la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo parece existir mayor sensibilidad y predisposición a modificar la situación actual. Esta es una de las áreas de mejora donde podrán demostrar su resistencia a las presiones comerciales de la industria del tabaco y de sus socios tradicionales y compañeros de viaje habituales como la hostelería. Entre los profesionales sanitarios existe cierto optimismo, nada desmedido, a que por fin se pueda poner en marcha un plan integral de prevención del tabaquismo y una modificación de la ley 42/2010 que adecue su contenido a las nuevas realidades aparecidas en los últimos 14 años.
No será fácil; a nivel público los argumentos utilizados por la industria tabaquera y la hostelería ya no calan en la opinión pública, a pesar de los voceros mediáticos a sueldo; utilizan las mismas profecías de ruina económica y desempleo que ya usaron contra la Ley de 2010 y demostraron ser completamente falsas; otra cosa es el poderío económico de la industria tabaquera para condicionar las políticas nacionales, en este caso de España, y las internacionales, en nuestro caso de Europa.
Erradicar el consumo de tabaco en el mundo es una larga marcha que se inició cuando Sir Richard Doll publicó en 1954 que el tabaco causaba cáncer de pulmón. Los efectos deletéreos del tabaco son la mayor evidencia científica de la historia de la medicina y los médicos hemos luchado por conseguirlo, en algunas ocasiones, pocas, con apoyo de los políticos y en la mayoría de las ocasiones con su resistencia dilatoria. Ya en 1981, Sir George Young, ministro de salud del Reino Unido señaló en el Parlamento Británico: “la solución al problema del tabaquismo no se encontrará en los laboratorios de investigación, ni en los quirófanos de los hospitales, sino en los Parlamentos de las naciones democráticas”. En España parece que ahora se ha abierto una nueva oportunidad para avanzar juntos o, al menos, eso esperamos.
Miguel Barrueco
Médico y profesor universitario