La residencia de ancianos Juan XXIII de Madrid, que sufrió un incendio este domingo, donde murieron tres mujeres, tenía las salidas de emergencia bloqueadas y los sistemas antiincendios no funcionaban. Desde el Gobierno han culpado al Ejecutivo de Ayuso, mientras que desde el último aseguran que todo cumplía la normativa en la última inspección.
Este domingo morían tres mujeres a causa de un incendio en la residencia de mayores Juan XXIII, ubicada en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Ahora, la Cadena SER ha desvelado el acta de la Policía Municipal, donde se recogen las numerosas deficiencias en prevención de incendios detectadas en el complejo.
Tal y como se indica en el acta policial, las salidas de emergencia de la residencia estaban bloqueadas, la boca de incendios de la primera planta (donde se originaron las llamas) no tenía presión, las habitaciones carecían de luces de emergencia y el pulsador de alarma no funcionaba. Todas estas irregularidades, reconocen en el acta policial, “dificultaron la labor de los agentes para evacuar a los residentes”.
Según el relato policial, a su llegada a la residencia, los agentes se dirigieron a la zona afectada por las llamas. Sin embargo, tras hallar la boca de incendios, “al accionarla, a los pocos segundos la manguera perdió toda la presión, dejando de expulsar agua”, ya que la bomba carecía de corriente eléctrica. Por ello, se vieron obligados a usar los extintores del coche patrulla.
Tras sofocar buena parte de las llamas, no pudieron entrar en la habitación nº8 -donde se originó el fuego- “debido a la gran cantidad de calor y humo y a la nula visibilidad”. Finalmente, pudieron acceder a la habitación por la terraza, forzando la persiana y la ventana, encontrando en el interior a dos mujeres de 90 y 65 años, respectivamente, que acabaron muriendo. La tercera víctima mortal fue otra mujer de 93 años, que fue evacuada minutos después de la misma primera planta.
Este incidente ha vuelto a poner de manifiesto las tensiones entre el Gobierno central y el madrileño. Desde el primero, la portavoz Pilar Alegría ha acusado al Ejecutivo de Ayuso de “abandono, errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía” en las residencias. “Es una residencia que tiene concertadas las plazas con la comunidad de la señora Ayuso y, viendo lo que ha sucedido, espero y deseo que se abra una investigación y que llegue hasta las últimas consecuencias”, añadía.
Por su parte, desde el Gobierno madrileño han calificado de “brutalidad” estas acusaciones. Además, aseguran que las instalaciones afectadas cumplían con la legislación en las últimas inspecciones realizadas el pasado año, cuando se revisaron los sistemas antiincendios.
