La Comisión Europea ha decidido cerrar la investigación sobre la mina de uranio en Retortillo tras conocer que las autoridades españolas han denegado a Berkeley la autorización de construcción como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear.
Esta investigación comenzó después de que la Comisión recibiese en 2017 dos peticiones sobre la mina de uranio de Retortillo y Villavieja, presentadas por Ismael Antonio López Pérez y José Ramón Barrueco Sánchez, quienes denunciaban el impacto de la mina sobre el medio ambiente, lamentando la “deficiente evaluación” del mismo ya que no se tenían en cuenta los efectos sobre los ciudadanos y la economía local.
Una vez admitidas a trámite ambas solicitudes, ya en el 2018 la Comisión reconocía que “el proyecto es susceptible de afectar de forma significativa a la zona especial de conservación (ZEC) Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes, y a la zona de especial protección para las aves (ZEPA) Riberas de los ríos Huebra y Yeltes”.
Si bien, añadían que, “parece que el proyecto en cuestión ha sido sometido a una evaluación de impacto ambiental que concluyó en septiembre de 2013, que la integridad de las zonas Natura 2000 en cuestión no se vería afectada negativamente siempre y cuando el promotor elaborara un plan adecuado de medidas medioambientales que fuera aprobado por la autoridad competente antes de la autorización del proyecto”.
No obstante, la Comisión recalcaba que, “dicha evaluación incluía la consulta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)”, al tiempo que requerían más informes por parte del CSN “sobre protección radiológica antes de la concesión de la autorización administrativa”. Por ello, a falta de esa nueva información sobre el impacto radiológico, apuntaban que la investigación seguía “en curso”.
Posteriormente, en una nueva respuesta, con fecha de 13 de agosto de 2018, la Comisión consideraba que “todavía eran necesarias más aclaraciones”, señalando que había solicitado “información adicional”. Así pues, una vez concluida esa evaluación, decidiría “cuál es la manera más apropiada de proceder”.
Más de un año después, en octubre de 2019, la Comisión indicaba que “el promotor debe obtener permisos y autorizaciones para el proyecto de explotación de minas de uranio al que se refieren estas peticiones”, para lo cual, debería demostrar “el cumplimiento de las obligaciones medioambientales” requeridas. Sin embargo, en ese momento, el CSN aún no había presentado su informe sobre los riesgos radiológicos y las incidencias del proyecto.
Finalmente, el pasado 11 de diciembre, el órgano comunitario recordaba el dictamen negativo por parte del CSN respecto a los riesgos radiológicos y las repercusiones del proyecto de la mina de Retortillo, así como la denegación por parte de las autoridades españolas a Berkeley de la autorización de construcción como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear.
“A tenor de la información que apunta a la denegación definitiva de la autorización del proyecto, la Comisión ha decidido cerrar la investigación al respecto y, por consiguiente, no dará curso ulterior a esta petición”, concluye la Comisión Europea.
