Koldo García queda en libertad tras negarse a declarar

Otros tres detenidos tampoco comparecen en la Audiencia Nacional

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y otros tres detenidos por la supuesta trama de las mascarillas han quedado en libertad con medidas cautelares tras pasar este jueves a disposición judicial en la Audiencia nacional. Si bien, tanto el hombre de confianza del exministro como los otros tres detenidos se han negado a declarar ante el juez.

Ismael Moreno, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la supuesta trama que cobraba comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha dejado en libertad a Koldo García y otros tres detenidos después de que hayan pasado a disposición judicial este jueves, negándose todos ellos a declarar.

No obstante, el juez ha decretado para García y el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, la prohibición de salir de España. Así pues, les ha retirado sus pasaportes, obligándolos además a presentarse en el juzgado cada 15 días. Por su parte, el empresario vasco Íñigo Rotaeche también tiene prohibido salir del territorio nacional y también se le ha retirado el pasaporte. Mientras tanto, Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos, es el único que ha quedado en libertad sin medidas cautelares.

Los cuatro detenidos, para quienes la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido prisión provisional -de ahí la decisión de Moreno-, han llegado hasta la Audiencia Nacional en un furgón policial a primera hora de este jueves. Si bien, pasadas las 14:00 horas, han salido a pie a la calle, abandonando el lugar en varios taxis.

La Guardia Civil ha detenido a un total de 14 personas en el marco de la investigación sobre la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas. Si bien, solo Koldo y Joseba García, Víctor de Aldama e Íñigo Rotaeche han pasado a disposición judicial, ya que los 10 restantes quedaron en libertad este miércoles.

Esta investigación se inició hace dos años a raíz de una denuncia presentada por el PP de Madrid, donde se apuntaba a la existencia de indicios de irregularidades en una docena de contratos adjudicados por el Gobierno de España en el año 2020 para la compra de material sanitario.

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