‘El topillo’ | La «Perla Negra», una de piratas huérfanos

Casi 11 años después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid empezara a desmadejar la madeja, comienza por fin la vista oral del denominado caso «Perla Negra», que juzga dos de los “pelotazos” (aparte de la “trama eólica”, hubo bastantes más y alguno no menos escandaloso) perpetrados a costa de las arcas autonómicas desde la consejería de Economía que dirigía el fallecido Tomás Villanueva con Juan Vicente Herrera en la presidencia de la Junta.

Pese a que el juez instructor llegó a encausar a una treintena de investigados, al final redujo a doce los destinados a sentarse en el banquillo, la mitad de ellos en su día altos cargos de la consejería o ejecutivos de las empresas públicas implicadas y la otra mitad empresarios afines que se habrían embolsado ilegalmente más de 23 millones de euros gracias a la actuación presuntamente delictiva de los primeros. Mas de 220 años de prisión suman las penas solicitadas por el fiscal para la docena de acusados, presuntos responsables de un rosario de delitos que van desde la prevaricación al cohecho pasando por el tráfico de influencias, la revelación de secretos, el fraude a la Administración y la malversación de caudales públicos.

Pocos saben que el detonante de la investigación judicial fue un informe confidencial realizado a comienzos de 2013 por un exdelegado de Gesturcal que denunciaba, entre otros sobrecostes, los abonados por la consejería de Economía en el alquiler y posterior compra de la Perla Negra y en la adquisición de terrenos para un futuro parque empresarial en la localidad vallisoletana de Portillo, operaciones conectadas en una misma trama. 

El responsable de los informativos regionales de fin de semana de la Cadena SER, Manuel Rodríguez, fue el primero en informar mediado noviembre de 2013 de la investigación abierta por el Juzgado y este blog el que dio carta de naturaleza, ya en 2014, a la denominación “Perla Negra” con la que se referían al inmueble los trabajadores despedidos en el ERE presentado por ADE Parques a finales de 2012 (del que naturalmente se salvó la legión de deudos y/o enchufados por altos cargos del PP que, para mayor inri, años después acabaron consolidando su plaza como personal fijo sin someterse a ninguna prueba). La inmensa mayoría de los medios informativos, presos de la chequera publicitaria manejada por la Junta, miraron para otro lado y no se hicieron eco del caso hasta que no les quedó otro remedio.

No están todos los que fueron.- El hecho es que a lo largo de las próximas semanas desfilarán por la sala de vistas más de 90 testigos, alguno de los cuales incomprensiblemente no está en el banquillo y ni siquiera ha sido llamado por el juez instructor. Y si no ha ocurrido algo parecido a lo del “caso Arroyo” -donde al final se comió todo el marrón el exalcalde (¿en qué negocios andará semejante prenda?), yéndose de rositas todos los insignes miembros del antiguo “clan Villanueva” que estaban implicados hasta las trancas- ha sido sin duda por la implacable actuación de la anterior fiscal-jefe de la Audiencia Provincial.

Pues bien, ahí están los dos antiguos viceconsejeros, Rafael Delgado y Begoña Hernández; el exconsejero-delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán; el exdirector de Excal, Alberto Esgueva; el exdirector gerente de Gesturcal, Salvador Molina, y el exdirector financiero de la extinta empresa pública ADE Parques, Francisco Armero. Este último ha sido noticia en días pasados al denunciar el Partido Socialista que casualmente es en la actualidad director de fondos y consejero de la empresa Clave Mayor S.A., a la que la consejería de Economía -quien tuvo, retuvo- ha adjudicado 15 millones de euros correspondientes al Fondo ICE Eficiencia Energética. Según los socialistas, en 2008, cuando Armero era director financiero de ADE Gesturcal, se adjudicó a Clave Mayor el fondo tecnológico Seguranza, cuya gestión resultó un fiasco.

El que fuera presidente de la Junta durante la friolera de 18 años (2001-2019) está citado a declarar en calidad de testigo el próximo 14 de marzo, y la exconsejera de Economía Pilar del Olmo, quien se resistió todo lo que pudo y más a la personación de la Junta en la causa, comparecerá dos días antes (Del Olmo ya declaró como testigo durante la instrucción, acogiéndose a su derecho de hacerlo por videoconferencia, testimonio el suyo en el que exhibió una prodigiosa falta de memoria incluso sobre resoluciones que llevaban su propia firma).

Se supone que el expresidente de la Junta y actual consejero del Consultivo -80.741 euros anuales de sueldo y coche oficial para desplazarse desde su domicilio en Burgos a la sede del Consejo en Zamora- ratificará lo que afirmó el 31 de mayo de 2016 en la rueda de prensa que se vio obligado a convocar el día después de que el entonces delegado territorial de la Junta y exconsejero de Gesturcal, Pablo Trillo, declarara ante el juez instructor que en su día advirtió al presidente sobre la desmesura del precio que se disponía a pagar la Administración Autonómica para adquirir en propiedad la Perla Negra. En esa atribulada rueda de prensa, Herrera reconoció que dio el visto bueno a la valoración considerando ajustado un precio que más tarde la fiscalía ha considerado inflado en 20 millones de euros.

A propósito de lo anterior, coincide “El topillo” con el reiterado elogio dedicado a Trillo en recientes artículos por determinado juntaletras de influencia crecientemente menguante. Lo curioso (o no tanto, conocida la catadura del personaje) es que en su momento el susodicho puso a caer de un burro al entonces delegado territorial, al que vino a tachar de traidor y desleal (por un problema de archivo no he podido comprobar el tenor literal de aquella invectiva, ante lo que agradecería a su autor que me haga llegar copia del denuesto, sin duda concebido para complacer al insobornable Herrera y a la mano que mecía su cuna, el decrépito Joseantonio de Santiago-Juárez, alias “El Pica”).

«Sicilia y León».- Lo mas grande del caso es que en abril de 2015, cuando el Juzgado de Instrucción llevaba ya casi dos años investigando la trama Perla Negra-Polígono de Portillo, el presidente Herrera se jactó ante el pleno de las Cortes de que Castilla y León estuviera fuera de lo que denominó «mapa de la corrupción». Hacía falta ser desahogado, ya que no solo era que el juez ya había empapelado a los altos cargos de la Junta que se sientan ahora en el banquillo y a otros tantos que posteriormente fueron exonerados, sino que además unos días antes el diario “El País” había hecho público que la Agencia Tributaria acababa de trasladar a la Fiscalía Anticorrupción el informe sobre la “trama eólica”, caso que sigue en fase de instrucción y en el que están encausados algunos de esos mismos exaltos cargos, amén de otros insignes empresarios beneficiados por los “pelotazos” servidos en bandeja por la consejería de Economía. Los promotores eólicos damnificados por las arbitrariedades en favor de los beneficiarios de los «pelotazos» dieron en denominar esta comunidad «Sicilia y León».

Poco se ha sabido de la actividad profesional del exviceconsejero Rafael Delgado desde que salió de la Junta por la puerta de atrás. Con su compañera de fatigas, Begoña Hernández, el gobierno Herrera tuvo la deferencia de acogerla durante unos meses como asesora precisamente de la consejería de la Presidencia, tras lo cual encontró una puerta giratoria en la consultora KPMG, cuyos servicios habían sido contratados  por la consejería de Economía cuando ella era viceconsejera. Posteriormente, Hernández ha fundado su propia consultora, Kinere Consulting, en la que cuenta como experta en “estrategia agroalimentaria” con otra exalto cargo de la Junta, Carmen Suárez Montesino, exdirectora general en la consejería de Agricultura durante los mandatos de José Valín y Silvia Clemente (esta última prescindió de ella en su segunda legislatura). Alberto Esgueva, a la sazón implicado de hoz y coz en la ‘trama eólica’, ha promovido multimillonarias inversiones en Polonia, y Sacristán es el único ex que sigue en la Junta como funcionario que es de la Administración Autonómica. Veremos qué nuevas evidencias salen a relucir durante el juicio.

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