El Tribunal Supremo ha decidido finalmente abrir una causa por terrorismo contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg en el marco del caso de Tsunami Democràtic. El alto tribunal considera que el expresident estuvo al tanto desde el principio de la creación de la organización y mantuvo su apoyo a la misma, al tiempo que le atribuye la “autoría intelectual” de lo que hacía Tsunami.
Con su decisión, el Tribunal Supremo da la razón al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien solicitaba que fuera el alto tribunal el que se hiciera cargo de la investigación del caso de Tsunami Democràtic, así como la imputación por terrorismo de Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg. Por su parte, la Fiscalía había rechazado que el Supremo se hiciese cargo de la investigación, ya que no apreciaba indicios de delito de terrorismo.
Tal y como ha dejado claro en su auto la Sala de lo Penal del Supremo, Puigdemont contaba con un “liderazgo absoluto” en las protestas masivas producidas en Cataluña en 2019 tras la sentencia del procés, algo que podría ser considerado como un delito de terrorismo. También atribuyen al expresident la “autoría intelectual” de lo que se hacía en Tsunami Democràtic.
“Los hombres de atrás”, aseguran los jueces en el auto, también pueden ser “autores inmediatos” de los delitos que cometan otros. “Desde el inicio Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado”, continúan, añadiendo que, “aparece directamente implicado en el lanzamiento de la campaña de Tsunami”. En ese momento, pudo “evitar” los altercados “retirando su apoyo carismático, pero lejos de eso, animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento”.
Respecto a los indicios, los magistrados no han hecho alusión al turista muerto durante las protestas en el aeropuerto de El Prat, que es la piedra angular de la acusación por parte de García-Castellón. Si bien, mencionan que las protestas de Tsunami iban contra la sentencia del procés, una reunión de Puigdemont en Ginebra en 2019, el apoyo de este en Twitter a Tsunami el día de su creación, o mensajes entre el expresident y su colaborador Josep Lluís Alay.
Asimismo, el Supremo acusa a Tsunami de protagonizar protestas masivas y disturbios en Barcelona y el aeropuerto de El Prat, y entiende que se cometieron diferentes delitos, como detención ilegal, posibles lesiones y atentados contra la autoridad, así como falsificaciones “masivas” de billetes de avión para colapsar el aeropuerto de El Prat, o “graves daños patrimoniales” en las calles de Barcelona.
Además, habla de un posible terrorismo callejero, ya que, “no debe albergarse duda alguna en que los hechos descritos en la exposición razonada podrían ser incardinados en el actual art. 573.1” del Código Penal, que define el terrorismo “de baja intensidad”. De la misma manera, recalca que no solamente ETA o el yihadismo son terrorismo.
