«El topillo» | El estropicio reputacional

Tanto como enarbola la bandera de Castilla y León en  supuesta defensa de los ciudadanos que habitamos estas nueve provincias, ¿se ha parado a valorar el Partido Popular el destrozo que está ocasionando su socio de gobierno a la reputación de esta comunidad autónoma? Me temo que a los mismos que acusan día sí día también al PSOE  de Pedro Sánchez de atentar contra la dignidad democrática por pactar con el mismísimo diablo (ahora el demonio es Puigdemont, antes fue el monstruoso Frankenstein) no les interesa detenerse a pensar en el grave deterioro de ese importante intangible.

Es más, los propios “alfonsólogos” de cámara afirman que el presidente Fernández Mañueco está encantado con el interminable rosario de dislates y desatinos que han convertido a su número dos en el gobierno autonómico, el vicepresidente único Juan García-Gallardo Frings, en un estrafalario personaje que denigra el prestigio de esta comunidad en todo el solar patrio. Según los interesados corifeos que han descubierto en Mañueco a un estratega político con talla de estadista, el presidente de la Junta se frota las manos calculando el chorro de votos que pierde Vox en beneficio del PP cada vez que el vicepresidente incurre en una de sus “gallardadas”. Y en verdad no hay otro cálculo en la mente del inquilino del Colegio de la Asunción, quien, tan pronto como disponga del preceptivo plácet de Núñez Feijóo, volverá a convocar elecciones anticipadas con el objetivo de deshacerse de Vox y gobernar en solitario. 

Ciertamente, después de más de dos años de cohabitación, el cúmulo de provocaciones y disparates de García-Gallardo Frings (más adelante entenderán por qué hoy le cito con sus dos apellidos) resulta ciertamente insuperable. Por citar solo sus últimos despropósitos, no se habían apagado los ecos de su solemne ridículo en la entrega de los Premios Goya y ya estaba lanzando un desaforado ataque a la Cruz Roja que le obligó a dar marcha atrás con el agravante de tomarnos a todos por imbéciles al pretender hacernos creer que se había malinterpretado su descabellada imputación a la ONG

Como tampoco dejaba margen a la interpretación el delirante ataque de su jefe de filas, Santiago Abascal, a la Universidad de Salamanca, perpetrado para mayor inri en un foro estadounidense. Un daño reputacional a la histórica Universidad helmántica que luego trató inútilmente de reparar el vicepresidente, consciente del coste electoral que dicho desafuero tendrá para Vox en la provincia salmantina.

Y tiempo le faltó a García Gallardo Frings para desplazarse hasta el puerto del Escudo a celebrar in situ el despropósito -en este caso del gobierno de la comunidad en pleno- de declarar “bien de interés cultural” el engendro que honra la memoria de los fascistas italianos que apoyaron la sublevación militar que desembocó en la dictadura franquista. Amén de un desafío a la vigente Ley de la Memoria Histórica, esta indisimulada loa al fascismo -no en vano celebrada por el partido neofascista de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni– ha sido impulsada desde una consejería, la de Cultura, cuyo titular, Gonzalo Santonja, formó parte en su día del entorno (dejémoslo ahí) del brazo político de ETA.

A propósito: Nada se ha vuelto a saber de las acciones legales anunciadas en su día por Santonja contra el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el ministro Óscar Puente y el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, quienes de forma más o menos directa señalaron los antiguos vínculos del actual consejero de Cultura con esa organización a la que José María Aznar denominó “movimiento vasco de liberación” (manda huevos que diría Federico, el hermano mayor de Pablo Trillo-Figueroa, el ex consejero de Gesturcal que trató inútilmente de que el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abortara el «pelotazo» auspiciado por su gobierno en torno a la doble operación de alquiler y compra de la Perla Negra).

Unas acciones legales que Santonja encomendó al abogado burgalés Juan García-Gallardo Gil-Fournier (en efecto, padre del vicepresidente de la Junta y primo de su Jefe de Gabinete, José María Barrio Gil-Fournier). García-Gallardo senior está al frente de un influyente bufete que ha asumido en el pasado la representación legal de empresarios tan connotados como Ruíz Mateos y los dos principales magnates de la construcción en Burgos: Antonio Miguel Méndez Pozo, “Michel” para los amigos, y el grupo Arranz Acinas.

Precisamente la defensa legal de este último grupo le costó en 2016 a García-Gallardo Gil-Fournier una sanción del Colegio de Abogados por el “incumplimiento de las obligaciones de incompatibilidad” recogidas en el Código Deontológico de la profesión. La sanción (un mes de suspensión para ejercer la profesión) fue ratificada primero por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León y después por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, ante la que recurrió sin éxito defendido por su propio hijo, el actual vicepresidente. Tampoco prosperó su posterior intento de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, que inadmitió el pretendido recurso.

Y siguiendo la estela de García-Gallardo Frings, acabamos de asistir al desaire que ha intentado infligir la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura del ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, a la insigne actriz vallisoletana Lola Herrera, objeto por parte del propio gobierno municipal de un reconocimiento con ocasión de este 8-M. Carvajal ha deplorado dicho reconocimiento hacia una figura nacional de la escena a la que el ayuntamiento distinguió años atrás nada menos que con la Medalla de Oro de la Ciudad y la dedicación de una plaza en el barrio vallisoletano donde vino al mundo.

Con episodios cargados de resentimiento político como éste, la ciudad de Valladolid, que ha tenido alcalde socialista 24 de los 45 años de ayuntamientos democráticos, vuelve a las andadas predemocráticas que le valieron en su día el sambenito de “Fachadolid”.

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