La comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el dictamen de la ley de amnistía, por lo que la norma será votada en Pleno extraordinario el próximo 14 de marzo. El texto ha incluido finalmente los cambios que exigían desde Junts para blindar a Carles Puigdemont tras la investigación por terrorismo iniciada por el Tribunal Supremo.
Tras el acuerdo anunciado este miércoles entre PSOE, Junts y ERC sobre la amnistía, la comisión de Justicia ha dado luz verde al dictamen de la ley este jueves con los únicos votos contrarios de PP y Vox. Tras ello, la tramitación parlamentaria de la medida de gracia continúa y la norma será votada en Pleno extraordinario el próximo 14 de marzo.
Para lograr la aprobación de la norma, el texto finalmente ha incluido las modificaciones exigidas por los de Puigdemont en las últimas semanas. de esta manera, el principal cambio afecta a los delitos de terrorismo y traición que, pese a que siguen apareciendo como no amnistiables, quedan referenciados al derecho europeo e internacional, mientras que se eliminan todas las menciones al ordenamiento jurídico español. Además, en el tipo penal de la malversación, se diferencia entre enriquecimiento personal y desvío de dinero para actos relacionados con el procés.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños ha asegurado que el acuerdo para desbloquear la ley de amnistía, “pone fin a una década de fracaso colectivo” y abre paso a una nueva etapa de “diálogo, de hacer política dentro de las instituciones y de la Constitución”. “No responderé sobre ninguna persona concreta, son los jueces los que tienen que pronunciarse. La voluntad de todos los que hemos acordado esta ley es que todas las personas implicadas en el procés independentista queden amnistiadas, todas”, ha zanjado.
Por su parte, desde Junts, su portavoz parlamentaria Míriam Nogueras ha asegurado que, frente al texto que se votó el pasado mes de enero, “ahora sí” se ha logrado una norma “integral, para todo el mundo y de aplicación inmediata”. “Ahora los jueces tienen que elegir si aplicar la ley o prevaricar”, añadía, recalcando que, “esta ley, a diferencia de la del 30 de enero, corta de raíz la posibilidad de que la cúpula judicial española siga avanzando en sus fabulaciones. Un terrorista no es aquella persona que ejerce su derecho a la manifestación”.
