Las listas de espera se han convertido en el principal problema que tiene la asistencia sanitaria pública y, posiblemente, estén sirviendo para ocultar otros problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud en España como la infrafinanciación y el déficit organizativo.
Las listas que han tenido siempre mayor repercusión social son aquellas relativas a los procedimientos quirúrgicos, pero en los últimos años, tras la pandemia Covid, aunque ya venía sucediendo con anterioridad por los recortes sanitarios, las listas de espera para acceder a la atención primaria y a servicios médicos especializados no quirúrgicos (consultas externas y pruebas diagnósticas) se han sumado a las preocupaciones de ciudadanos y profesionales.
Desde hace tiempo los teóricos de la organización sanitaria distinguen dos métodos de regulación de la demanda sanitaria: el pago en los sistemas privados y las listas de espera en los públicos. “La propia existencia de la lista de espera puede servir como instrumento de planificación del trabajo y gestión de la demanda, siendo, sin duda, un método de organizar la actividad sanitaria; per se no son indicativas de una mala gestión, pero pierden su sentido si el número de pacientes que incluyen es elevado y el período de espera se prolonga cada vez más” señalaba Rafael Peñalver hace ya algunos años.
La demanda de servicios de salud se refiere a la cantidad y tipo de servicios que las personas necesitan utilizar según su estado de salud, preferencias, capacidad de pago, y depende de factores como su nivel económico, el precio y la calidad de los servicios que necesitan, la información que disponen sobre los mismos, las expectativas y el grado de accesibilidad y cobertura de los seguros públicos o privados en cada caso.
La demanda no es lo mismo que las necesidades de salud, que son las carencias o problemas de salud de las personas y requieren una intervención sanitaria. Tampoco es lo mismo que la utilización de servicios de salud, que es el consumo real que hacen las personas de los recursos sanitarios disponibles. La demanda puede ser mayor o menor que la necesidad o la utilización, dependiendo de la accesibilidad y financiación (pública o privada) de los servicios y también de la información y educación sanitaria de la población.
Ya en 1971 el profesor GK Matthew en un libro publicado en la editorial Oxford University Press explicaba que “la necesidad no se expresa forzosamente como demanda, y a ésta no le sigue necesariamente la utilización; en cambio, puede haber demanda y utilización sin una verdadera necesidad del servicio que se usa”. Un sistema público para poder funcionar correctamente necesita un uso responsable de sus servicios.
Como ya he señalado anteriormente la demanda de servicios sanitarios privados está determinada por el pago de dichos servicios y los utiliza quien puede pagarlos. En este caso la tarjeta de crédito sustituye a la tarjeta sanitaria. Por el contrario, cuando se trata de servicios sanitarios públicos, la demanda puede llegar a ser infinita y “la evidencia empírica internacional pone de manifiesto que incluso aumentos muy significativos de recursos no han demostrado ser realmente eficaces para solventar el problema” señalaba Rafael Peñalver en la Revista de Administración Sanitaria Siglo XXI. Cuando la capacidad del sistema (la oferta) es inferior a la necesaria para satisfacer la demanda de un proceso, el tiempo actúa como el precio en un mercado convencional.
La demanda de los servicios públicos por parte de los ciudadanos está determinada por factores como la mayor supervivencia y el subsiguiente envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, y las expectativas de satisfacción, en ocasiones desmedidas, que espera el ciudadano usuario de dichos servicios. Frente a ello el sistema está profundamente afectado por la complejidad organizativa, la escasez de recursos financieros, la falta de profesionales y la desmotivación de los existentes, y cada vez en mayor medida el alto coste de la innovación tecnológica y de la asistencia y tratamiento de algunas enfermedades.
Estos retos de la asistencia pública requieren una gestión equitativa de la demanda que garantice a todos los ciudadanos su derecho a la protección de su salud mediante una asistencia sanitaria de calidad, independientemente de su situación social y del tipo de enfermedad que tengan, pero que también evite el mal uso e incluso los abusos en su utilización para lo cual algunos gestores proponen el copago como un mecanismo disuasor; a la vez es preciso garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público mediante una gestión eficaz, efectiva y eficiente del coste y la oferta de servicios.
Aunque el criterio de eficiencia es fundamental no pueden dejarse de lado los aspectos de equidad, solidaridad y redistribución característicos de los sistemas públicos de salud. Los criterios de equidad exigidos a los sistemas públicos incluyen la equidad en el acceso, permitiendo al paciente alcanzar la prestación prescrita cuando lo precisa y equidad de utilización, clasificando a los pacientes por criterios de prioridad.
En el momento actual una gestión eficiente significa incrementar notablemente los recursos económicos que se dedican a la asistencia sanitaria pública y una profunda reorganización del sistema sanitario que prime el uso racional y razonable de los recursos públicos por parte de ciudadanos y profesionales, establezca tiempos máximos de espera razonables y limite el desvío de recursos públicos a la sanidad privada, salvo en situaciones verdaderamente excepcionales y cuando realmente no se pueda solventar el problema con la reorganización de los recursos públicos. Estas desviaciones deben ser temporales y controladas estrictamente puesto que incluso pueden llegar a ser contraproducentes. Desde el punto de vista político y de gestión del sistema las listas de espera se han convertido en la disculpa perfecta para el desvío de dinero público a la sanidad privada cuando la evidencia empírica actual señala que ello no soluciona el problema.
Señalaba Luis García Montero en un artículo publicado en infoLibre el pasado 24 de febrero que “el deterioro en las inversiones sanitarias, la degradación de las plantillas médicas y el colapso planeado de las listas de espera sirven para favorecer a las empresas que convierten la salud en un negocio y cambian la misión del bienestar humano por un festival de buitres en busca de cadáveres y buenos dividendos”. Cuando alguien que escribe tan bien como él es capaz de resumirlo todo en una sola frase, pues eso: nada más que añadir. (Continuará).
Miguel Barrueco
Médico y profesor universitario
2 comentarios en «Las listas de espera (primera parte)»
Bueno me imagino que eso habrá que hacer un estudio muy profundo pero algo que me toca muy de cerca cómo puede ser una persona que prácticamente no ve está esperando dos años para operarse de cataratas y otra persona que está mejor va por lo privado y en nueve días le operan los dos ojos pero lo más chocante que me suena es que el médico de la seguridad social donde tenía que estar esperando la lista de espera le opera él en su clínica por lo privado hombre recursos humanos no faltan digo yo que tardará lo mismo operando en su clínica que en lo privado pero claro si coge el dinerito
Comentario populista.
El médico que trabaja en el sistema público, no tiene potestad para programar las cirugías de “sus” pacientes. Son servicios jerarquizados con lista de espera única que es gestionada por el Jefe de Servicio y la Dirección del hospital según los recursos disponibles.
En la medicina privada, el paciente en consenso con el cirujano, eligen el día de la intervención, en el horario que el médico dedique a su actividad privada.
Es fácil de entender.