Por Sentencia de 14 de marzo de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por incumplir las obligaciones de la normativa protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias en ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, donde la mala calidad de las aguas por el exceso de abonado de las tierras afecta al menos a la séptima parte del territorio regional.
En concreto, el Tribunal Europeo declara que la Junta de Castilla y León no ha establecido todas las medidas obligatorias necesarias en su programa de actuación en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León, y tampoco ha adoptado las medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias en relación con la contaminación de las aguas por nitratos.
La sentencia entiende que el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León no han aportado estudios ni documentos científicos que demuestren qué condiciones de aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados empleadas en la actualidad sean suficientes para reducir la contaminación de las aguas causada o provocada por los nitratos de origen agrario y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase.
Por otro lado, el Tribunal considera insuficiente el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, y entiende que el Programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León aprobado por la Junta en 2022 ha llegado muy tarde.
En opinión de Ecologistas en Acción, “dicho programa se está mostrando además inoperante para reducir la elevada contaminación por nitratos de buena parte de las masas de agua subterránea del centro de Castilla y León, al permitir dosis excesivas de abonos nitrogenados y estiércol en las zonas vulnerables declaradas por el propio gobierno autonómico, así como la nueva ubicación y ampliación de macrogranjas ganaderas en su interior, en especial porcinas”.
“Más aún, las últimas autorizaciones ambientales otorgadas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a estas grandes granjas industriales porcinas ni siquiera están cumpliendo la prohibición de verter los purines en las tierras de su entorno, contenida en el Programa de actuación de las zonas vulnerables de 2022, lo que constituye una decisión arbitraria e ilegal y una grave negligencia de las autoridades regionales”, añaden.
Ecologistas en Acción denuncia que la Junta de Castilla y León “se ha entregado completamente a los intereses de la ganadería industrial, sacrificando la salubridad del aire que respiramos y el agua que bebemos”. Asimismo, señalan que “la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia debe hacer reflexionar a Alfonso Fernández Mañueco y a Juan Carlos Suárez-Quiñones sobre la insoportable situación de las aguas subterráneas en la región y la necesidad de revertirla”.
Para ello, la organización ambiental considera “imprescindible una moratoria inmediata de todas las macrogranjas ganaderas en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, como la declarada por las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha o Cataluña, en coherencia con la prohibición contenida en el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero de nuevas concesiones de agua para estas explotaciones, que la Junta se resiste a asumir”.
Ecologistas en Acción pide al Gobierno regional que se incorpore así “con seriedad” al debate sobre las macrogranjas y el modelo alimentario que representan, frente a la tradicional ganadería extensiva y a la agricultura y ganadería ecológicas, adoptando medidas que protejan el medio ambiente, la salud de la ciudadanía y de los consumidores y los pequeños ganaderos de Castilla y León, sacrificados por la Junta en su apuesta por las macrogranjas industriales.
