El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó este jueves con los votos de PP y Vox, la nueva ley reguladora del juego y las casas de apuestas, que renueva la anterior de 1998 para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos que se han producido en estos años. La oposición optó por el ‘no’ en el caso de los socialistas y los procuradores Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, al considerar que no se protege de forma suficiente a menores y personas con adicción, mientras UPL-Soria YA y Por Ávila se abstuvieron tras no lograr introducir sus enmiendas.
ICAL. En la presentación del texto, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, aseguró será “el más moderno y avanzado de España” y pidió “diálogo y consenso” para que se aprobara con el mismo apoyo que su “hermano mayor”, si bien no fue posible, ya que terminó saliendo adelante con el ‘sí’ de los dos socios, PP y Vox.
En su opinión, es “ineludible” la actualización de una norma con 26 años de vigencia, ante la necesidad de incluir nuevas medidas normativas adaptadas a la realidad. Superadas, dijo, las “retrógradas y trasnochadas teorías” de la prohibición del juego del pasado, ahora, señaló, “nadie duda de la conveniencia” de esta actividad, que consideró “socializante” y que circunscribió al tiempo de “asueto y ocio”.
Además, González Gago indicó que busca ofrecer “seguridad jurídica” a un sector que mantiene 2.000 empleos y que ofrece “importantes” ingresos tributarios a las arcas de la Comunidad. También proclamó la “permisividad cero” de la norma con el acceso de los menores, ya que señaló se intensifica el control en la entrada de los establecimientos.
También el consejero destacó que se establece un nuevo régimen de distancias que será de 300 metros, para evitar zonas de saturación, y se aumenta de 100 a 150 metros la separación con centros de enseñanzas regaladas. Además, subrayó el aumento de los controles sobre la promoción y remarcó como novedad el carácter “finalista” de las sanciones y el registro de interdicciones.
“Inútil” y “engaño”
La socialista Yolanda Sacristán defendió las 25 enmiendas del Grupo Socialista a una ley “inútil”, que a su juicio no ha sido “consensuada” y que además “promueve el juego privado” y elimina las “pocas” restricciones existentes. En su opinión, PP y Vox ponen a los castellanos y leoneses “a los pies de los caballos” para dar un “empujón” a los empresarios del juego en lugar de priorizar el bienestar y ayudar a las personas afectadas por la ludoptatía.
“No han hecho caso a nadie”, insistió la socialista, quien citó a las asociaciones del tercer sector o las entidades de la ludopatía, ya que señaló todo ha sido un “engaño”, porque recalcó que para la Junta “lo más importante” es el “negocio” de las casas de apuestas y no crear un entorno “seguro” y “responsable”. “Están invitando a iniciarse en el juego a los menores”, advirtió y cuestionó la “arbitrariedad” del régimen de sanciones.
En su turno en contra, el ‘popular’ Francisco Javier Carpio descartó las enmiendas socialistas por ser “meras ocurrencias” y defendió la necesidad de renovar la norma por los cambios registrados en los últimos 26 años, si bien destacó que ofrece “mayor seguridad y protección” con los nuevos mecanismos de control en el acceso. Además, aclaró que se mejora la regulación existente, pero cumpliendo otras normas como las referidas a las protección de datos o de publicidad sobre los menores.
Carpio, además, rebatió las acusaciones de la procuradora socialista sobre la ausencia de límites a la publicidad porque explicó que ya está regulado en la normativa sobre esta materia y advirtió de las consecuencias que tendría la propuesta socialista sobre el acceso de las personas con discapacidad, como por ejemplo alguien al que se le haya amputado una extremidad.
Más control
El ‘leonesista’ José Ramón García propuso incluir la figura del personal de inspección, que consideró “viable” y “necesario”, y que las medidas de programas de prevención del juego dispongan de una cantidad fija, no que esté sujeta a la recaudación de las sanciones. “Siempre gana la casa y no los clientes”, dijo, porque lo que insistió en la protección de estas personas.
También desde Soria YA, Vanessa García Macarrón defendió las políticas de juego “responsable” y lamentó que tan sólo una haya sido incorporada mediante una transacción. De esta forma, reclamó incorporar sus propuestas para regular la práctica de juego y la “necesaria protección” de las personas con discapacidad o menores. “No me bajo del burro”, señaló en su segundo turno, tras el ‘no’ del PP.
El ‘popular’ Ricardo Gavilanes rechazó las enmiendas de este grupo y aseguró que la norma ofrece un “control mucho más exhaustivo” del juego por parte de la Administración, con el fin de evitar conductas adictivas o que las personas con discapacidad o menores puedan acceder. Además, apuntó que el registro de interdicciones de la Comunidad podrá estar conectado con el general de España, pero señaló no puede recogerse como algo obligatorio.
También, Gavilanes aprovechó para introducir la ley de amnistía que se votaba en el Congreso de los Diputados en el debate de la ley para asegurar que en Castilla y León las normas se hacen en beneficio de todos y no de alguien en “particular”, en referencia a los independentistas encausados en el ‘procès’ catalán. Al respecto, el parlamentario del Grupo Mixto Francisco Igea criticó que se legisle en beneficio del sector del juego y se rechacen las enmiendas de la oposición, tras retirar las presentadas.
En nombre de Vox, el procurador Francisco José Carrera Noriega rechazó las enmiendas de la oposición por no aportar “una mejora sustancial” y defendió el texto porque “los nuevos tiempos” y la tecnología modifican las costumbres sociales y la manera de apostar y jugar. Reconoció la dificultad de regular el sector ante la necesidad de crear entornos “seguros” y dar protección a los menores y los que sufren los males de las patologías ludópatas. También valoró el régimen de distancias o las limitaciones en la publicidad, así como que se establezca que lo recaudado con las sanciones debe destinarse a programas de prevención.
