Más de 4.000 muertes se pudieron evitar en las residencias madrileñas

El informe elaborado por la Comisión Ciudadana por la Verdad sobre las muertes en las residencias madrileñas durante la pandemia del coronavirus ha determinado que más de 4.000 mayores podrían haber salvado la vida en caso de haber recibido una mejor atención y haber sido trasladados a hospitales. En la Comunidad de Madrid murieron 9.470 residentes en centros de mayores entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020.

Este viernes se ha presentado el ‘Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid’, del que se desprende que el 21,5% de los mayores que vivían en residencias murieron entre los meses de marzo y abril de 2020, así como que más de 4.000 de ellos podrían haber salvado la vida en caso de haber recibido una mejor asistencia y haber sido trasladados al hospital.

“No pretendemos suplantar a nadie, simplemente hacemos un trabajo con rigor y metodología. Era una situación excepcional en todo el mundo, y los políticos tuvieron una urgencia de tomar decisiones, pero no todas las comunidades actuaron de la misma forma”, ha comenzado explicando el presidente de la comisión ciudadana, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.

El estudio revela que, entre los meses de marzo y abril de 2020, el 21,5% de los mayores de la Comunidad de Madrid que vivían en residencias, murieron. En total había 42.000 plazas ocupadas de las 52.000 disponibles. De ellos, según datos oficiales de la autonomía madrileña, 9.470 murieron, y más de 5.000 perdieron la vida por coronavirus o síntomas compatibles. Además, 7.219 lo hicieron sin ser evacuados al hospital, ya que el Gobierno de Ayuso limitó los traslados ante la supuesta medicalización de las residencias (algo que no ocurrió).

Según denuncia el informe, la mortalidad en las residencias de Madrid fue un 129% superior a lo esperado, algo que achacan a las carencias en materia de inversión, la falta de preparación y médicos, así como la escasez de test de detección y respiradores, la convivencia de los mayores en espacios cerrados sin mascarillas ni EPIS, o la reducción en el personal (debido a los contagios). Si bien, no se olvidan de los protocolos de la Consejería de Sanidad madrileña, que vetó las derivaciones al hospital de mayores dependientes o con enfermedades previas.

“De 120 derivaciones diarias se pasó a 65 en las peores semanas, del 7 al 13 de marzo, y se pone de puerta de entrada al geriatra de referencia. No se medicalizaron las residencias, los recursos que había se derivaron a Ifema”, ha recordado Fernando Lamata, miembro de la comisión y experto en gestión y administración sanitaria. Si bien, añadía que pese a que alrededor de 3.000 sanitarios fueron trasladados a Ifema, solo 23 mayores de residencias fueron derivados allí.

“No hubieran muerto igual, ya que el 65% de los que fueron derivados sobrevivieron, de manera que podrían haberse salvado más de 4.000 personas”, recalca Lamata. De la misma manera, el informe señala que, “en marzo y abril de 2020, se produjeron 6.308 derivaciones desde las residencias a los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid”, de los cuales “fallecieron en el hospital 2.179 residentes y sobrevivieron 4.129”.

Por otro lado, el informe ha criticado la falta de investigación sobre lo ocurrido en aquellos días, así como el “desamparo institucional” a las familias. “Se les privó del derecho fundamental de morir sin dolor y acompañados de sus seres queridos, en caso de que hubieran muerto igual. Las familias todavía no han tenido un informe que explique las causas de la muerte”.

Finalmente, los expertos han hecho una serie de recomendaciones finales, entre las que destacan “el deber de no olvidar”, la reapertura de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que la Fiscalía investigue lo sucedido durante los peores momentos de la pandemia en las residencias madrileñas o “un cambio radical en el planteamiento del modelo de cuidados”.