El Ministerio de Sanidad ha anunciado su intención de poner en marcha un Plan Integral de Tabaquismo y modificar la Ley 42/2010 que regula algunos de los aspectos relacionados con el consumo de tabaco como el incremento de las áreas en las que estará prohibido fumar, el equiparamiento de los nuevos sistemas de consumo (vapeadores y cigarrillos electrónicos) a la misma normativa reguladora que los cigarrillos y el aumento del precio. Hay otros muchos aspectos que debería incluir como por ejemplo el etiquetado neutro o la eliminación de paquetes de diez cigarrillos, prohibir la publicidad y promoción directa y encubierta, pero hoy nos ocupamos del precio.
España es de los países europeos con el tabaco más barato. Está suficientemente demostrado que subir el precio ayuda a disminuir el consumo, especialmente entre los jóvenes y en las clases sociales más desfavorecidas. La OMS y el propio Banco Mundial explican que subir el precio mediante los impuestos es el método más barato y eficaz para reducir el consumo, sobre todo entre los jóvenes y los grupos de bajos ingresos. Un incremento de los impuestos que suponga un 10% de aumento en el precio (PVP) reduce globalmente el consumo en aproximadamente un 4% en los países de ingresos altos y en un 8% en los países de ingresos medianos y bajos. En España se estima que la reducción media del consumo sería del 6%. La disminución del consumo se produce porque habrá fumadores que dejarán de serlo y otros que, aunque continúen fumando reducirán su consumo. La OMS recomienda que los impuestos al tabaco deben equivaler a por lo menos el 75% del precio de venta al público. En España varían entre el 15,8% de los cigarros y el 60% de los cigarrillos.
El ministerio con competencia para subir los precios es el Ministerio de Hacienda a través del Comisionado para el Mercado de Tabacos que es quien determina las subidas periódicas de las diferentes marcas que, en realidad, no son una subida de precios sino una actualización de los mismos conforme al incremento del IPC. En noviembre de 2023 se actualizaron algunas de ellas y el pasado 8 de marzo se han actualizado otras marcas. No obstante, cuando se habla de subir el precio para reducir el consumo estamos hablando de subidas de precios sustanciales, de al menos el 10%. Este tipo de subida no es competencia del Ministerio de Sanidad sino del Ministerio de Hacienda, en el que a la hora de tomar decisiones al respecto priman otros criterios diferentes de la salud pública, pero la decisión final se toma de forma consensuada en el consejo de ministros.
Los expertos señalan que en el mercado del tabaco la relación de precio y consumo es una demanda inelástica y asimétrica (la elasticidad mide el cambio porcentual en el consumo asociado a un cambio del 1% en el precio). En un artículo publicado en la revista Public Health en 2020 se evidencia que, mientras el aumento del 10 % en la renta de las personas genera un aumento del 4 % en el consumo de cigarrillos, la disminución del 10 % en la renta provoca una caída de hasta el 35 % en el consumo. Otro artículo publicado en el International Journal of Health Economics and Management en 2020 observa que en las fases de expansión económica la variable que afecta al consumo de tabaco es el PIB, mientras que en las recesiones es el desempleo la variable que interviene en la evolución del consumo. Así, parece que cuando los consumidores pierden su empleo esa situación repercute en el consumo de tabaco. Se puede afirmar así que el precio es un mecanismo efectivo para controlar el tabaquismo, sobre todo cuando las variaciones en la renta no anulan su efecto.
Para conseguir disminuir la prevalencia del tabaquismo los expertos proponen un aumento de los impuestos significativo y periódico, alinear el importe del impuesto mínimo especial de la picadura de liar con el de los cigarrillos a fin de evitar desplazamientos de consumo hacia la picadura como viene sucediendo entre los jóvenes y regular la fiscalidad de los cigarrillos electrónicos alineándola con la de los cigarrillos convencionales; a la vez el Estado debe hacer más esfuerzos para disminuir el contrabando de tabaco y, los impuestos recaudados por la venta de tabaco, deberían emplearse en la mejora de la salud, incluyendo políticas de prevención y control del tabaquismo y ayuda al fumador que quiera dejar de fumar.
A partir de aquí, se puede concluir que la subidas de precios del tabaco es, sin duda, una de las medidas más eficaces para disminuir el consumo, pero que al no ser competencia del Ministerio de Sanidad este ministerio deberá ‘negociar’ con el Ministerio de Hacienda la cuantía de la subida, y si bien a priori parece que el Ministerio de Hacienda debería ser proclive a aumentar la recaudación pública, hay que señalar también que es mucho más susceptible a las presiones de los lobbies comerciales de la industria del tabaco.
Por ello es fundamental que el nuevo plan de control de tabaquismo incluya otras medidas complementarias que han demostrado también ser eficaces, pero esas medidas serán objeto de análisis en esta columna otro día. Hoy mi más firme recomendación a los fumadores es que, al margen de subidas de precios y restricciones de las áreas para fumar que incluya la nueva ley, dejen de fumar por sí mismos o solicitando ayuda a su médico de familia o a una unidad de tabaquismo (si la hay y está a su alance). Será lo mejor que pueden hacer por y para ellos mismos.
Miguel Barrueco
Médico y profesor de Medicina.
