«El topillo» | Verde ful de Estambul

«Greenwashing”. Este es el nuevo anglicismo que hemos importado para definir lo que viene a constituir el fraude de hacer pasar por ecológicas actividades energéticas contaminantes, algo así como un “ecopostureo”.

Mal está que nos sigan colonizando el idioma con todo tipo de extranjerismos, pero el colmo es que un servidor haya visto repetido el término en la información de un medio solvente sin que en ningún momento se explicara en qué consiste la práctica. A diferencia de otros, algunos carentes de Licenciatura alguna, nunca he dado clase a alumnos de Periodismo, pero, si lo hiciera, obviamente recomendaría que cuando no quede más remedio que utilizar algún extranjerismo, se haga aclarando fielmente su significado. Es lo mínimo.

El “greenwashing” ha saltado a la actualidad por la denuncia presentada por la eléctrica Iberdrola contra la petrolera Repsol, a la que acusa de presentarse como líder de la transición energética y de la descarbonización “pese a que la gran mayoría de su actividad procede de los combustibles fósiles”. Iberdrola considera que se trata de una publicidad engañosa que supone una competencia desleal a la hora de captar a unos consumidores que, pese al contumaz negacionismo de algunos, están cada vez mas sensibilizados ante los peligros del cambio climático.

Para el ciudadano, consumidor o no, es una buena noticia que estos dos gigantes de la oligarquía energética se enzarcen sobre este asunto cuando lo normal sería que se taparan sus vergüenzas mutuas para eludir al máximo sus compromisos con la descarbonización. Lo del “ecopostureo” no es de ahora, ni mucho menos. Hace unos días veíamos al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Rodríguez-Quiñones, antes “Pañuelitos” y después “Rey Sol”, entregar sin ningún rubor un premio concedido por su labor en pro de la bioenergía a la papelera ENCE, la planta fabricante de celulosa que lleva décadas contaminando paisajística y medioambientalmente la ría de Pontevedra. 

Hace falta impostura para premiar por su contribución al medio ambiente a una industria contaminante que, amparada en una prórroga ilegal decretada por Mariano Rajoy cuando presidía un gobierno en funciones, se aferra a permanecer en su actual emplazamiento, evitando la regeneración de la ría por la que claman hace años la inmensa mayoría de los pontevedreses. La cacicada le valió a Rajoy la declaración de “persona non grata” por parte del concello de Pontevedra, ciudad por la que desde entonces se deja ver lo menos posible, no vaya a escuchar más de un improperio.

Consciente de su insostenible ubicación en la ría, hace años que ENCE practica con todo descaro el “greenwashing”, desplegando campañas publicitarias en las que presenta como una “biofactoría” lo que es una industria celulosa pura y dura, como conoce perfectamente Avebiom, la pseudopatronal que le ha concedido el premio. Además de subvencionar a todo el que se deja -incluida alguna cofradía de pescadores vinculada al PP-, ENCE ha prestado una generosa puerta giratoria a antiguos altos cargos públicos que han favorecido sus intereses. 

Los casos mas escandalosos fueron los de la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino y el del exconsejero de la Xunta Carlos del Álamo. También pilló puesto en el consejo de administración un exsecretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, quien años antes fue director general de Tributos y Política Financiera de la Junta durante la etapa en que Fernando Bécker permaneció al frente de la consejería de Economía. (Fernández fue, como Juan Vicente Herrera, uno de los “sabandeños” de los que se rodeó el yerno de Carlos Robles Piquer, a la sazón este último cuñado de Manuel Fraga).

A Avebiom, entidad domiciliada en Valladolid, están adheridas la propia Repsol y la sociedad pública Somacyl (adscrita a la propia Consejería de Medio Ambiente y de la que es consejero-delegado el incombustible José Manuel “Dumbo” Jiménez Blázquez, director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental). Normal que el consejero Suárez Quiñones se preste al blanqueo de ENCE cuando ha mantenido en su equipo, y nada menos que al frente de Somacyl, a un personaje que se incorporó como alto cargo de la consejería en el año 2003 de la mano de la exconsejera María Jesús Ruiz, junto a la cual impulsó la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, ejemplo de aberración medioambiental donde los haya en el que la Junta lleva enterradas decenas de millones de euros.

Entre 2008 y 2010, siendo viceconsejero de Desarrollo Sostenible, Jiménez Blázquez fue a su vez consejero de Renovacyl, sociedad que en 2011 fue absorbida precisamente por el grupo Repsol. (Ignoro  si en la instrucción judicial de la «trama eólica» alguien se habrá parado a cotejar los «informes de impacto ambiental» y las empresas donantes a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, asimismo adscrita a la mal llamada consejería de Medio Ambiente). Volviendo a Renovacyl, casualmente llegó a ser consejero-delegado y presidente de la sociedad José Luis Gómez Guijas, antiguo vicepresidente de la Diputación de Palencia y extesorero regional de Alianza Popular. Ya se sabe que Dios les cría…

A todo esto, y como era de prever, la Junta ha recurrido ante el Tribunal Supremo el varapalo judicial propinado por el Tribunal Superior de Justicia obligando al gobierno autonómico a desmontar la estación de esquí de Navacerrada en lo que afecta al territorio de la comunidad. Esa gran lumbrera jurídica que ha demostrado ser el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, entiende que la Junta dispone de argumentos muy sólidos para que el recurso prospere. Si en los dominios de Felipe II no se ponía el sol, imagínense como va a consentir la pareja formada por el mismísimo “Rey Sol” (“La Administración soy yo”) y por el inventor del ocaso como concepto jurídico para marcar el toque de queda que el TSJ les lleve la contraria. ¡Hasta ahí podía llegar la broma..!

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