La Policía Nacional ratificó este miércoles que la interposición de empresas encareció de forma “desproporcionada” el precio de los terrenos del malogrado polígono industrial de Portillo. Así lo corroboró el inspector de la Policía Nacional que realizó varios informes bajo el amparo del Juzgado de Instrucción número 2 y de la Fiscalía de Valladolid y que esta mañana declaró en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid por el caso ‘Perla Negra’.
Ical.- A preguntas de la Fiscalía, indicó que las 57 parcelas que conformaban el proyecto de actuación y que Parque Empresarial Portillo había adquirido a los propietarios, fueron vendidas a Cementos la Bureba por valor de 16,2 millones de euros, mientras que a esta empresa se las revendió a ADE Parque por casi 21 millones de euros.
Al mismo tiempo y con relación al edificio de Arroyo de la Encomienda, confirmó que Urban Proyecta conoció el pliego de condiciones para su construcción antes de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, a la vez que indicó que, sin existir relación contractual alguna, ADE Parques transfirió a Urban Proyecta casi cinco millones de euros, cantidad, que según la información aportada por el banco se destinó a cancelar un préstamo hipotecario del que era titular Urban Proyecta. En este sentido y aunque posteriormente la transferencia se anuló para hacerse de “forma interna”, el inspector del CNP consideró que se trató de una inyección de liquidez a Urban por parte de ADE.
Con relación a los trabajos de Unifica y las facturas que este empresa emitió a las consultoras Abascal y Monari no “reflejaron la realidad”, ya que ambas consultoras no presentaron clientes a Unifica.
En la jornada de este miércoles también declaró como perito una funcionaria de Hacienda que realizó varios informes que forman parte de la instrucción del caso y que recalcó que la operación del edificio de Arroyo no fue “ni objetiva ni transparente”, y matizó que las obras promovidas posteriormente por Gesturcal no se “ajustaron a la legalidad”.
A su vez también aseguró que la operación de Portillo fue “contraria a la eficacia y economía” que debe regir la actuación de la administración pública y explicó que lo lógico hubiera sido que la compra la ejecutara directamente Gesturcal, dado que ese era su objeto social. En su declaración también argumentó que la operación supuso un incremento del nivel de endeudamiento de la Junta, dado que tras la desaparición de Gesturcal su activos y pasivos pasaron a ADE.
A su vez, hoy también compareció un inspector de la Agencia Tributaria que realizó una inspección a Parque Empresarial Portillo y Cementos La Bureba relativa al ejercicio de 2010. En su declaración explicó que tanto el coste de las obras ejecutadas en la instalación de una línea de alta tensión desde Boecillo, como los beneficios declarados por ambas empresas en la venta de las parcelas contaron con el visto bueno.
El juicio se reanudará el próximo lunes, día 8 de abril, con la declaración de nuevos peritos.
