Once asociaciones memorialistas de Castilla y León se posicionaron en la “mal” llamada Ley de la Concordia, al considerarla que es de la “discordia”, porque “oficializa el negacionismo, reescribe la historia, tratando incluso de eliminarla, equipara democracia y dictadura y es contraria a los derechos humanos”.
Ical.- La aprobación de esta Ley supondría, según estos colectivos, un “retroceso que impone y oficializa el discurso de odio de ultraderecha, equiparando en su limitación temporal democracia y fascismo y en su planteamiento general a víctimas y verdugos”.
“En Castilla León no necesitamos una ley de concordia, que realmente es una excusa y un disfraz para el propósito de facto que es un blanqueamiento de un periodo de crímenes contra la humanidad, una ocultación de dichos crímenes, y, en parte, la vuelta a la imposición del silencio”, destacó.
Denuncian que la normativa incurre en “contradicciones” desde la exposición de motivos y calca párrafos de la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana. En este sentido señalaron que se sentencia que “ las nuevas generaciones han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad”.
Desde las asociaciones memorialistas manifestaron que el Decreto Memoria Histórica era “claramente insuficiente, que no estaba desarrollado, que los consejos llevaban sin renovar un año y medio, que las convocatorias se hacían por medios no oficiales, y que las organizaciones no disponíamos de tiempo suficiente para presentar proyectos, informes y presupuestos”. “Era sin duda un Decreto insuficiente que además fue aprobado por el Gobierno autonómico, que con la sustitución por esta Ley innecesaria, engañosa, retrógrada, ideologizada y maliciosa reniega de su propio trabajo para anclarse al poder, al conseguir el apoyo de la ultraderecha”, destacó.
Asimismo, aseguraron que es un proyecto “esperpéntico y vergonzoso” que “va en sentido opuesto al respeto hacia los Derechos Humanos y hacia las víctimas de crímenes tan graves”.
En este sentido, según el colectivo y debido a las “restricciones sobre los tipos de víctimas” por un lado y a la intención de “difuminar” los “graves delitos sufridos por las víctimas del levantamiento militar de 1936 y el Franquismo en las casi cuatro décadas de Dictadura”, por otro, “ignora las torturas, el trabajo esclavo, el robo de bebés, las desapariciones forzadas, la represión ejercida contra las mujeres o la violencia por prejuicios de tipo sexual entre otras”.
También especificó que artículos como el 4.4 es “especialmente lesivo y contrario al Deber de Memoria, de obligado cumplimiento en caso de violación de los derechos fundamentales” y, precisó que la Ley muestra una “profunda ignorancia sobre lo que suponen, tanto estos trabajos, como los deberes en materia de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, dentro de las obligaciones respecto a los Derechos Humanos”.
“Esta ley lo que hace es ocultar a las víctimas hasta tal punto que no podemos hablar de ellas, ni difundir los documentos que demuestran los crímenes y abusos, documentos ya de por sí tendenciosos que fueron producidos por el régimen. No permiten difundir fotografías o nombres de las víctimas, con el objetivo de borrarlas definitivamente de la Historia”, indicó.
Por ello, consideraron que la consecuencia directa de este tipo de medidas es “la reapertura de heridas cuando todavía no están cerradas ignorando el dolor de las víctimas”. “Es un ejemplo de la demagogia implícita en la norma y un intento totalmente descarado de disfrazar de concordia la discordia que la ultraderecha misma ha sembrado con sus discursos de odio contra la Memoria Democrática y los Derechos Humanos que la incorporan”.
La Ley, también apuntaron, “mezcla además distintos tipos de víctimas llegando a incluir a las del terrorismo en este totum revolutum, ignorando u ocultando que por ejemplo la ley de memoria histórica de exhumaciones del Franquismo tiene 83 años, así como que la Dictadura, e incluso la Democracia del 78 otorgaban reparaciones como licencias de estancos, gasolineras, administraciones de lotería a las viudas de víctimas (civiles o militares) de quienes lucharon junto a Franco”.
“Además, les fueron concedidos reconocimientos, toda una política de favorecimiento económico y simbólico sólo para esas víctimas. Mientras tanto, a los 16.000 civiles ajenos al conflicto bélico de Castilla y León, víctimas de un auténtico plan de eliminación física del adversario ideológico, en una Comunidad donde no hubo prácticamente frente de guerra los estamos buscando y recuperando sus cuerpos y su identidad la sociedad civil organizada desde hace más de 20 años, muchos de ellos sin ningún tipo de ayuda por parte de la Comunidad. La Concordia de las políticas de ultraderecha recuerda mucho a la reconciliación del Valle de los Caídos”, argumentó.
En los últimos años se han recuperado los cuerpos de 2.767 castellanos y leoneses hechos “desaparecer por la fuerza” y “enterrados en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización”, según el colectivo, quien precisó que Castilla y León ha sido la Comunidad con mayor número de personas encontradas.
Además, resaltó que la Ley permitirá «expulsar a las asociaciones memorialistas que llevan un cuarto de siglo trabajando en estos temas y se les excluye del Consejo Técnico y también de los proyectos de investigación para concedérselo en exclusiva a Universidades, fundaciones, y “centros de estudios de concordia”.
“Tal es el desprecio que se hace a las asociaciones memorialistas que las saca de la Comisión de exhumaciones, cuando somos los que más experiencia y conocimientos tenemos al respecto. Muestra de ello es que cuando una entidad, los medios de comunicación, historiadores, familias tienen que hacer una investigación, a los primeros que acuden es a nosotros, a las asociaciones de memoria democrática”.
A nivel histórico, lo expuesto en esta ley “malinterpreta, obvia y miente directamente”, ya que el hecho, por ejemplo, de iniciar el régimen temporal que contempla esta normativa en 1931 es, a su juicio, “un intento vergonzoso de equiparar las posibles víctimas que hubiera de 1931 al 1936, que serían mínimas si es que existen, en comparación con la desaparición forzada y enterramientos clandestinos de las 16.000 víctimas del levantamiento militar ayudado por los nazis y los fascistas italianos”.
Las asociaciones memorialistas que apoyan este comunicado son la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria, Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro, la Asociación Las Merindades de la Memoria, Asociación Pozo Grajero, Foro por la Memoria de Zamora, Foro por la Memoria de Segovia, Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera, Asociación En Medio de Abril, Asociación Salamanca Memoria y Justicia, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid y la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos.
