Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles la conocida como ley residencial destinada a dotar a los centros de mayores, centros de día y centros de cuidados de larga duración de un nuevo modelo de atención integral centrado en la dignidad y derechos de las personas, calificada de “buena” por la Junta y el Grupo Popular y como una “mera declaración de intenciones” por la oposición socialista.
Ical.- El proyecto de ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, compromiso de investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se aprobó en el pleno sin que el PP asumiera ninguna de las 122 enmiendas de PSOE, UPL-Soria Ya y de Francisco Igea que llegaron vivas al pleno.
Así, contó con el voto a favor de los socios de PP y Vox, en contra de PSOE, Podemos y Francisco Igea y con la abstención de UPL-Soria Ya y de Por Ávila, si bien tanto la titular de Familia como el popular Miguel Ángel García Nieto defendieron que la norma nace con un consenso básico institucional y social.
En la presentación de la ley, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destacó que la nueva regulación vinculará a centros públicos y privados con la finalidad de reforzar los derechos de las personas que viven en los centros residenciales y utilizan los centros de día, también en el medio rural.
Blanco desgranó ante el pleno los títulos de la norma dirigidos al respeto a la dignidad y los derechos de las personas en los cuidados que reciben y subrayó que se trata de que su estancia en los centros sea lo más parecido a los hogares con la organización en unidades de convivencia, con una ocupación máxima de 15 plazas, salvo para los privados con un máximo de 16.
Intenciones sin compromiso
El Grupo Socialista defendió ante el plenario 69 enmiendas a través de Isabel Gonzalo, quien calificó de “chasco y oportunidad perdida” esta ley para los usuarios y lamentó que “no se haya aprendido nada” de la pandemia donde afirmó que, como en Madrid, fallecieron personas en las residencias sin recibir la atención debida. “Lo que traen es una mera declaración de intenciones, no han escuchado a nadie”, definió.
Gonzalo rechazó que el modelo centrado en la persona sea pionero de la Junta cuando existe en Europa y en otras comunidades, afirmó que la regulación “mira más al pasado que al futuro, sin compromisos” para el Ejecutivo, y subrayó que se debe aumentar el dinero a la dependencia, pero se reduce y se “hace caja” pese a contar con más dotación del Gobierno.
“Es un modelo de bajo coste”, valoró la socialista, que negó la existencia de consenso como afirmó la consejera y censuró que se ofrezca una atención integral sin los profesionales y sin establecer la ratio de los mismos, cuyo reglamento se emplaza a los ochos meses desde la entrada en vigor de la norma.
En contra de las enmiendas, el popular Miguel Ángel García Nieto afirmó que hoy es un día para “sentirnos orgullosos de ser procuradores” porque es “la verdadera política útil” para “nuestros paisanos” y defendió que sí nace con un consenso básico, dado que se han asumido 20 propuestas del Grupo Socialista, como la coincidencia de apostar por un nuevo modelo, desarrollado en unidades de convivencia con herramientas o evitar las sujecciones.
Respecto de las rechazadas, enumeró los servicios en los domicilios, pues está en la ley de Servicios Sociales, en los equipos multidisciplinares, en las prestaciones vinculadas, en la ampliación de centros de noche, en implantar un único modelo de cocina, en más servicios de inspección o en la inclusión de las ratios de profesionales en la norma. “Es una buena ley, un poco de todos”, resumió.
La leonesista Alicia Gallego respaldó el nuevo modelo ante las carencias que se vieron durante la pandemia, afirmó que no es una ley pionera pues lo que regula existe en países nórdicos y estimó que algunas materias, como las sujecciones, “se dejan abiertas” y se limita los centros en municipios de menos de 5.000 habitantes. “Se avanza, pero no lo suficiente”, concretó, para avanzar la abstención.
Por su parte, la sorianista Vanessa García destacó las enmiendas asumidas por el PP, entre ellas las concreciones en la acreditación de los centros, y expuso algunas de las no recogidas en relación con la rigidez al limitar los centros multiservicios en función de la población por lo que en Soria solo estarían en la capital. La popular Carmen Sánchez Bellota confió en el voto a favor de Soria Ya al haberse aceptado más de la mitad de sus enmiendas.
El exvicepresidente de la Junta Francisco Igea, al presentar sus 23 enmiendas vivas, replicó a la socialista que en las residencias de Castilla y León no ocurrió lo mismo que en las de Madrid durante la pandemia, aunque afirmó que no le satisface por la muerte de más de 4.400 personas lo que supone que no se pueden tener centros de más de 120 usuarios.
Igea se refirió a que se regula y no prohíbe las sujecciones sin que haya una sanción a las empresas, donde se refirió a un caso en Madrid en el que un usuario apareció ahorcado, lo que sería motivo de cierre de ese centro. También, vio insuficientes los controles de calidad y a reducir el tamaño y preguntó en qué vivienda viven ocho personas. “No va a contar con nuestro voto favorable”, anunció.
En la explicación del voto de Vox, Javier Teira avaló el nuevo modelo de atención residencial que se plantea y calificó de útil la regulación centrada en la persona y en la creación de unidades de convivencia, pero se alejó del “conformismo” para indicar que se debe avanzar y mejorar en su desarrollo.
Novedades de la ley
El nuevo modelo introduce expresamente el término de cuidados de larga duración, coincidente con los términos utilizados en el ámbito de la Unión Europea, y orienta la denominación de los centros en función de su especialización en cuidados para personas en situación de dependencia y con discapacidad, sustituyendo así al colectivo global de personas mayores en la denominación de los centros.
La pandemia ha evidenciado la necesidad de incorporar nuevos planteamientos en el diseño de los centros, tanto a nivel de instalaciones como de atención, con un diseño que permita evitar o, al menos, combatir de forma adecuada una situación extraordinaria por causas de salud pública. Así recoge tres elementos: sectorizar los centros en pequeñas unidades, contar con un plan de contingencias y dotar a los centros de una reserva estratégica de material de protección.
Define un nuevo modelo de atención integral y centrado en la persona que ya se puso en marcha a través de un proyecto piloto, el programa denominado “En mi Casa”, con una muestra cercana a las 2.000 personas usuarias. El modelo que establece esta ley parte de la necesidad expresa de reconocimiento de la dignidad de cada persona necesitada de atención, sin distinción alguna.
Señala a los centros como la vivienda de las personas, indica que no son centros sanitarios, que estos deben estar constituidos por unidades de convivencia con ambiente y tamaño de un hogar familiar. Recoge que las ratios de los profesionales que presten los apoyos en los centros residenciales deben contar con la formación adecuada para garantizar la calidad de vida de los usuarios. El sistema público de salud debe garantizar el acceso de los residentes a las prestaciones sanitarias públicas en equidad con el resto de la población.
También se promueve en la ley que los centros tengan la condición de centros multiservicios, para lo que se favorece que los centros aprovechen las infraestructuras de los barrios o pueblos para integrar en ellos las actividades que desarrollen para que formen parte de la oferta comunitaria y que sirva, además, para enriquecer la vida de la comunidad en general y de los pequeños núcleos de población en particular.
La ley introduce como novedad la creación de un sistema de verificación de calidad de los servicios residenciales. Promueve y regula una atención libre de restricciones, cuyo uso será siempre excepcional y temporal, y cuando hayan fracasado el resto de medidas alternativas y hubiera un riesgo para la persona usuaria o terceros.
