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Berkeley renuncia a la vía judicial por la mina de uranio

Busca en el ámbito internacional una indemnización por el perjuicio sufrido por la empresa minera en su interés de abrir la explotación de Retortillo
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El acceso a las instalaciones de Berkeley en Retortillo. (Archivo)

A pesar de haber anunciado a bombo y platillo que recurría en casación al Tribunal Supremo las dos sentencias desfavorables recibidas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Berkeley Minera ha presentado sendos escritos de desistimiento a ambos recursos de casación, por lo que renuncia definitivamente a la vía judicial, la única que le quedaba, para abrir la mina de uranio de Retortillo (Salamanca).

El pasado mes de enero se conocieron las sentencias por las que se anulaban la autorización de uso excepcional en suelo rústico, concedida en 2017 por la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de Salamanca y la licencia urbanística parcial, dada por el Ayuntamiento de Retortillo en 2020.

Ahora Berkeley anuncia que recurre al arbitraje internacional para solventar sus disputas con el Reino de España, pero no cuenta que renuncia a la vía judicial en territorio español, por lo que da por buenas las sentencias desfavorables recibidas, lo que supone abandonar definitivamente su pretensión de abrir la mina de Retortillo.

El Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Cadi) al que ha anunciado que ha acudido Berkeley en ningún caso puede autorizar la apertura de las instalaciones de Retortillo, como mucho podrá acordar una indemnización por el perjuicio sufrido por la empresa minera en su interés de abrir la mina de uranio.

El Ciadi es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Posee amplia experiencia en este ámbito, dado que ha administrado la mayoría de los casos de inversión internacional. Los Estados han acordado que el Ciadi sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión.

Por otro lado, aunque recibiera una respuesta favorable en esa instancia internacional, Berkeley no puede solicitar ningún nuevo permiso relacionado con la investigación, exploración o aprovechamiento de la mina de Retortillo, pues la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha prohibido todo lo relacionado con yacimientos de minerales radiactivos, según informa la Plataforma Stop Uranio.

«Esta situación supone la confirmación del retiro de la multinacional australiana de las instalaciones abiertas en Retortillo, en las que hace mucho tiempo que no observamos movimiento alguno y que vienen sufriendo una degradación progresiva con el paso del tiempo», señala el colectivo.

Stop Uranio confía en que las administraciones competentes soliciten «la renaturalización de los terrenos afectados por la actuación dolosa de la empresa minera, estando pendiente el Ayuntamiento de Retortillo de resolver el expediente sancionador abierto por las obras de desvío de la carretera comarcal que une esa localidad con Villavieja de Yeltes», recuerda.

Finalmente, desde la Plataforma Stop Uranio quiere agradecer el apoyo recibido durante todos estos años de lucha de la población de la comarca salmantina del Campo Charro, a la vez que reconocer el trabajo realizado por el despacho de abogados de Ecourban.

1 comentario en «Berkeley renuncia a la vía judicial por la mina de uranio»

  1. El mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados permite a Berkekey eludir la justicia ordinaria del Estado Español y demandar al gobierno ante un tribunal – privado. Independientemente del resultado final en este caso, tenemos que decir que este tipo de pactos supone una importante amenaza a la democracia y Estado de derecho, así como una amenaza en materia social, ambiental y de salud para el consumo. El arbitraje de inversiones se lleva a cabo a puerta cerrada y no tiene ninguna semejanza con el derecho público. Es un negocio puro controlado por muy pocas firmas a nivel mundial. Los tribunales están formados por abogados con ánimo de lucro (en permanente conflicto de intereses) en vez de por jueces independientes. Muchos países se han retirado del CIADI y España debe hacerlo.

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