La Fiscalía pedirá la condena de Aguirre por la caja B del PP de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción pedirá a lo largo del juicio por la caja B del PP de Madrid que la expresidenta Esperanza Aguirre sea considerada partícipe a título lucrativo y se le condene a pagar una multa de 26.000 euros. Así pues, pese a considerar que Aguirre no participó en los delitos que se juzgan, se benefició de los manejos de la trama Púnica.

El fiscal del juicio por la caja B del PP de Madrid solicitará durante el mismo que Esperanza Aguirre sea condenada como responsable civil a título lucrativo y tenga que pagar 26.000 euros por haberse beneficiado de los manejos de la trama corrupta. De la igual manera, reclamará lo mismo para el también expresidente Ignacio González, aunque en su caso tendría que abonar 28.293,22 euros.

Tal y como indica el fiscal en su escrito de conclusiones, solicita para el exconsejero Francisco Granados una pena de 7 años y 10 meses de cárcel, así como 3 años y 6 meses para Beltrán Gutiérrez, quien fuera gerente del PP madrileño, al considerarlos los máximos responsables de la caja B del partido a nivel regional. Si bien, la Fiscalía Anticorrupción considera tanto a Aguirre como a Ignacio González responsables civiles a título lucrativo, y les reclama 26.000 euros y 28.293,22 euros, respectivamente.

Según el Ministerio Público, Granados y Gutiérrez aprovecharon sus cargos en el PP madrileño, “sabedores de que en mayo del año 2011 correspondía la celebración de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid y que iban a ser designados como director de campaña y administrador de la misma, respectivamente”. De esta manera, y “de forma similar a campañas anteriores”, buscaron “compañías de publicidad ‘afines’ a las que encargar actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados de conformidad” y “ocultados a la Cámara de Cuentas” de la región.

Una vez convocadas las elecciones por Aguirre, prosigue la Fiscalía, Beltrán Gutiérrez “presentó escrito ante el registro de la Cámara de Cuentas de Madrid (…) aún a sabiendas de que la información presentada no respondía a la realidad global de los costes”. Así pues, “el total del coste declarado fue de 2.986.624,89 euros”, pero “tal cuantía era muy inferior a la realmente incurrida, pues por parte de los acusados se autorizaron gastos electorales que no fueron declarados a la Cámara de Cuentas”.

“Para poder ejecutar tal plan era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos (…) con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos”, asegura Anticorrupción, añadiendo que, “la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, a Granados”.

“Una vez entregadas, el mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para si o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar a Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas”, aclara el fiscal.