En la pasada sesión plenaria de las Cortes acaparó la atención informativa el hecho de que el grupo popular se sumara a una proposición socialista que calificaba de dictadura al régimen franquista. Jugada redonda para el PP, que mataba dos pájaros de un mismo tiro.
De un lado, se sacudía el oprobio de haber compartido con Vox la Ley de la Discordia, que, lejos de condenar el franquismo, en el fondo lo reivindica, con la ignominia de equiparar a las victimas de la dictadura con las que se produjeron durante la República, como si aquella no hubiera sido el resultado del golpe de estado contra el gobierno democrático emanado del régimen republicano. De otra parte, los alfonsinos marcaban así distancias con sus engorrosos compañeros de viaje ultraderechistas, a los que les ha sentado a cuerno quemado la finta del PP, al que ha acusado nada menos que de “colaborar con el blanqueamiento de la historia criminal del partido que hoy gobierna España”.
Pero que nadie se engañe. El PP se lava la cara condenando el franquismo, pero no retira su apoyo a la Ley de la Discordia. Y es que, en tanto no se produzca una nueva convocatoria electoral, aunque estén librando una guerra sorda sin cuartel, la derecha extrema y la extrema derecha están condenadas a soportarse allá donde comparten y disfruten del Poder.
Por lo demás, en el hemiciclo se pudo constatar que el sedicente líder regional de Vox, Juan García-Gallardo, ha moderado su discurso después de que el minarete nazional del partido le hiciera saber, vía diario Abc, de que estaban hasta el turbante de sus continuos exabruptos. Para mas inri, Gallardo ha tenido que tragarse el batracio de verse obligado a condenar la agresión ultra sufrida por Olegario Ramón, el ex alcalde socialista de Ponferrada.
Sin embargo, a “El topillo”, que se dio un garbeo por lo que su alter ego bautizó en su día como “mausoleo” parlamentario, lo que más le sorprendió fueron los datos que aportó la incombustible Ana Sánchez, número dos del PSOE de Castilla y León, sobre el pastizal que, vía adjudicación a dedo de contratos menores, viene inyectando el gobierno que preside Fernández Mañueco a medios o pseudomedios del extremo más infame de la Fachosfera.
48.000 euros ha transferido la Junta en los últimos tres meses al chiringuito televisivo que regenta el indecente Javier Negre, un periodista, que tras ser despedido por el diario “El Mundo” por inventarse una entrevista, acumula condena tras condena judicial por la continua difusión de bulos. El instrumento utilizado por la Junta para financiar a este personaje ha sido el Itacyl, eso que Vox consideraba un chiringuito a extinguir, y que, tras hacerse cargo de la consejería de Agricultura, viene utilizando para enchufar a correligionarios y financiar medios tan abyectos como el invento televisivo de Negre.
Otro medio de similar corte, Periodista Digital, dirigido por Alfonso Rojo, ha sido agraciado con 14.900 euros (el máximo legal de los contratos menores es de 15.000), y por ese mismo sistema la Junta ha inyectado en el último año 77.650 euros a The Objetive, otro digital especializado en lanzar bulos contra el gobierno de Pedro Sánchez y que gracias a este tipo de financiación se ha permitido fichar a Juan Luis Cebrián, el histórico director de “El País”, despedido fulminantemente por el grupo Prisa precisamente a causa de dicho fichaje (¡ay “Janli”, quién te ha visto y quien te ve, aunque ya tuvo mérito tu ingreso como académico de la RAE cuando en tu única novelita publicada, “La rusa”, escribías clitoris con equis, o sea, clitorix…!). Y muy destacado en cabeza de los medios “fake”, el OK Diario de Eduardo Inda, que se ha embolsado en el último año nada menos que 222.230 euracos (más de 37 kilos de las antiguas pesetas) con cargo al erario autonómico. Tela marinera.
Una de cuñados.- Tacita a tacita, a través de los llamados contratos menores, las Administraciones adjudican discrecionalmente servicios o suministros sin ninguna cortapisa. “El topillo” ha tenido acceso a la respuesta de la Junta a una pregunta de los procuradores socialistas segovianos Alicia Palomo y José Luis Vázquez sobre las adjudicaciones del gobierno autonómico a ciertas sociedades muy familiares para el PP de Segovia. Es el caso de Sanz Brovia S.L., empresa dedicada a suministros y mobiliario de oficina que regenta una cuñada de José Mazarías, actual alcalde de Segovia y coordinador provincial (número tres) del partido en la provincia, tras la presidenta, la senadora Paloma Sanz, y el secretario provincial, Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación. (En realidad, por encima del trío esta el presidente de honor, Francisco Vázquez, no en vano secretario autonómico del PP a la par que vicepresidente primero de las Cortes.
En los últimos 10 años, Sanz Brovia S.L. ha suministrado material a los servicios territoriales de la Junta en Segovia por importe de mas de medio millón de euros, la tercera parte de los cuales se contrató siendo delegado territorial de la Junta el mencionado Mazarías, que desempeñó dicho cargo entre septiembre de 2019 y mayo de 2023. Durante su mandato la demanda de material a la empresa que gestiona su cuñada creció de forma significativa, superando en 2022 la cuantía de 60.000 euros. A modo de ejemplo, a los pocos meses de ser nombrado, el nuevo delegado decidió adquirir nuevo mobiliario para la sala de espera de su despacho por importe de 1.665 euros, al tiempo que encargó un sillón para la secretaría de la delegación que costó otros 542.
Supone “El topillo” que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, antiguo director de los Servicios Jurídicos de la Junta, habrá analizado si dichas adjudicaciones conculcan lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como las restricciones recogidas en el Estatuto de los Altos Cargos de la Comunidad de Castilla y León y en el Código Ético y de Austeridad emanado del mismo.
La Junta no es la única Administración que adjudica preferentemente a la empresa Sanz Brovia los suministros de material de oficina, ya que otro tanto realiza la Diputación segoviana. El Jefe del Gabinete del Presidente, Alberto Orejas, a la sazón Secretario de Logística del PP de Segovia, fundó hace más de 20 años junto a Mazarías la sociedad Publiempresa S.L., de los cuales ambos fueron administradores solidarios. Uno de sus principales clientes ha sido siempre el propio PP segoviano, que ha contado habitualmente con sus servicios para la organización de sus eventos. En 2006, al ser designado Jefe del Gabinete del Presidente de la Diputación, Orejas cesó en el cargo de la empresa, permaneciendo desde entonces como administrador único Mazarías hasta que, a raíz de su nombramiento en 2019 como delegado territorial de la Junta, fue sustituido como máximo responsable de la sociedad por su propia esposa, María José Sanz Brovia.
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