Denuncian “situaciones tercermundistas en muchas residencias privadas”

El secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, y la secretaria del Sector Sociosanitario y Atención a la Dependencia del sindicato, Pilar Gutiérrez Sánchez, denunciaron este viernes la “pasividad” con que actúa la inspección de trabajo en las residencias de mayores privadas, y apuntaron que, en muchos casos, en ellas se producen “situaciones tercermundistas”. “Se realizan pocas inspecciones y siempre bajo llamada previa, con lo cual ese día la actividad funciona al cien por cien, pero ¿qué pasa por las tardes y en los turnos nocturnos, que no se controlan?”, inquieren.

ICAL. En su intervención, Pérez Urueña se refirió a la “situación cada vez más desesperada” de los trabajadores de residencias privadas, y censuró la “connivencia, cada vez más acentuada, entre la inspección y la Junta”. “No te vale de nada firmar un convenio si luego las empresas lo incumplen constantemente. No hay quien vigile la atención a los usuarios en un sector en el cual, debido a la gran presión de trabajo, hay muchas bajas laborales”, apuntó en declaraciones recogidas por Ical.

“Como los sueldos son irrisorios, las empresas dan un bono de entre 50 y 100 euros a las trabajadoras para que no requieran la baja, con lo cual muchas van a trabajar con gripe, catarros o enfermedades que pueden contagiar a los usuarios. Si no hay inspecciones estamos dejando que las propias empresas sean las que se autovigilen, dando campo libre absolutamente a los lobos para que se coman todas las ovejas”, señaló.

Por su parte, Gutiérrez aseguró que actualmente las empresas no encuentran personal para cubrir las bajas, debido a las malas condiciones laborales que les ofrecen, con contratos parciales que en la mayoría de los casos no llegan a los mil euros, y centros “desbordados por falta de personal cualificado y con experiencia”. Se trata, apuntó, de un problema generalizado en las nueve provincias de Castilla y León, así como en el resto del país, algo que acaba derivando en una mayor presión asistencial en el sistema regional de salud. Todo ello, añadió, se agrava “aún más los fines de semana”, porque los centros no cuentan con servicio de enfermería ni médico. “Las que quedan son multiservicio y hacen de todo: limpian, friegan, ponen sondas… es un todo a cien”, expuso.

En su relato, recogido por Ical, explicó que “la situación se agrava si las residencias están vinculadas a órdenes religiosas”, donde “las ratios ni se cumplen y no se contrata personal”. “En ocasiones en los turnos de noche, para cien residentes pueden quedar dos personas en un centro de tres plantas, o una sola para 80 residentes. Y en esa situación las inspecciones de trabajo solo actúan bajo llamada a los centros, el resto del tiempo nadie sabe lo que les pasa a los usuarios”, censuró.

De acuerdo con los datos que facilitaron a los medios, existen 1.114 centros residenciales en toda la Comunidad, que ofertan 72.000 plazas residenciales, de las cuales 48.000 pertenecen al sector privado, con lo cual dos de cada tres usuarios se encuentran internados en residencias privadas. “Las plazas son concertadas, con dinero público, y nadie está mirando qué pasa con esa atención”, señaló la secretaria sectorial de UGT, para quien “la nueva ley residencial no ha mejorado en nada las ratios”.

Insistiendo en la necesidad de incrementar las inspecciones, Pérez Urueña comentó que “un estado del bienestar donde no se inspecciona qué se hace con el dinero público no puede funcionar”, y lamentó que “las administraciones solo usan la dependencia para la propaganda política”, antes de advertir que “estamos volviendo al sistema de asilos, de las novelas de Dickens, con la connivencia de las familias y de la administración”.

“Muchas veces los cuidadores no son profesionales, las condiciones laborales son muy malas y no se respetan los convenios ni los turnos de descanso. La administración debe concienciarse de que la dependencia es un derecho, no es caridad”, completó.