La Consejería de Cultura echa a la calle a 14 trabajadores de Llano Alto

Hace unos días el Comité de Empresa en pleno denunciaron el cierre del Albergue de Llano Alto de Béjar como consecuencias de unas obras, lo que conllevaba el despido de 14 personas trabajadoras del centro de trabajo por una decisión arbitraria de los políticos también bejaranos al mando de éste albergue, Gonzalo Santoja como consejero de Cultura y Enrique Sánchez Guijo como director general de Deportes.

Una decisión tomada injusta e ilegal, ya que no cumple con los requisitos de la Ley para poder realizarla. Se trata de un despido colectivo que requiere de más de 30 personas despedidas o de un 10% de la plantilla de la empresa. Requisitos que no se cumplen. Tampoco se produce el cierre definitivo del centro o la amortización de plazas para llegar al despido.

Este jueves, responsables de la Consejería de Cultura en Salamanca se dirigieron a Llano Alto (Béjar) a comunicarle a los trabajadores y trabajadoras con contrato interino la terminación de sus contratos, mientras que al personal fijo les han comunicado una movilidad geográfica para continuar trabajando en otros centros de la Junta de Castilla y León.

«Se presenta la paradoja de que a pesar de que están prescindiendo del personal en este centro de trabajo, recientemente han prolongado el contrato que tienen que con una empresa privada para realizar funciones de vigilancia, funciones que en horario diurno venían realizando hasta hora con personal propio. Esto implica un aumento del gasto publico», explican Raquel Martín, presidenta del Comité de Empresa.

Los trabajadores y trabajadoras afectados, junto con sus representantes, el Comité de Empresa en pleno, han querido mostrar el descontento con la política del despido de la consejería de Cultura. «Se han tomado decisiones no debidamente justificadas y a destiempo no presentando buena fe negociadora, algo necesario para estas circunstancias», matiza Martín.

Las decisiones no están debidamente justificadas puesto que no se cumplen las características legales para que se realice un despido colectivo. Además de ha producido a destiempo, «sin mostrar buena fe negociadora. Se han apurado al máximo los plazos tanto para negociar con el Comité de Empresa, como para comunicar a las personas afectadas la terminación de sus contratos. Tan apurados han estado, que no han esperado al final de la negociación para comunicar a la autoridad laboral el despido colectivo. Ver que la Consejería de Cultura decide no esperar a finalizar la negociación para comunicar el despido colectivo, y teniendo en cuenta su postura ha sido inamovible, son razones suficientes para considerar que no ha habido buena fe negociadora», analiza la presidenta del Comité de Empresa.

Los despidos han sido comunicados este 16 de mayo. Con tan poco tiempo de margen que habrá personas que no tendrán tiempo de disponer de sus vacaciones legalmente generadas, y que la propia Consejería de Cultura ya señala que no le pagará si no dispone de tiempo para disfrutarlas.

«La situación de los despidos ilegales, por defecto de forma, como la actitud sobre unas vacaciones no disfrutadas van a provocar una cascada de demandas judiciales , lo que supondrá un mayor gasto en las arcas de la Junta de Castilla y León, con el más que posible pago de idemnizaciones por parte de la Consejería de Cultura por no haber realizado bien su trabajo a la hora de decidir el destino de estos trabajadores y trabajadoras», señala Raquel Martín.

El capricho por parte de la Consejería de Cultura que saldrá caro a los castellano y leoneses, no permitirá que 14 familias tengan su sustento, y provoque una pérdida de empleo en una localidad tan necesitada como Béjar.

«Algo que hubiera sido evitable tan sólo con una negociación con el tiempo suficiente como para la realización e implantación de un plan de recursos humanos que hubiera permitido la recolocación de todas las personas afectadas en puestos de necesaria cobertura, mientras duraran las obras, evitando de esta forma el pago de idemnizaciones, el colapso de los juzgados y el desperdicio del dinero de la ciudadanía», concluyen.