Los concejales socialistas lamentan que la ordenanza se haya hecho para salvar los muebles, en vez de para adoptar medidas en la lucha contra el cambio climático, retrasando su total aplicación hasta dentro de 15 años.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca solicitó, entre sus alegaciones principales:
- Conocer los datos de contaminación que justifiquen la delimitación de las calles de la zona 1 y zona 2.
- La recuperación de la parada de autobús del Mercado central.
- Un mayor plazo de adaptación para los titulares de vehículos con bajos ingresos económicos en aras de una transición económica justa e inclusiva.
“Tres meses es el tiempo que ha tardado el PP en el Ayuntamiento en responder a estas alegaciones y seguimos sin conocer los datos de contaminación real de la que partimos para la justificación de la determinación de la ZBE1 y ZBE. ¿Por qué se delimitan esas calles y no otras?”, ha criticado el concejal socialista Chema Collados en la rueda de prensa ofrecida esta mañana.
Los socialistas reprochan al PP que ha maquillado con la ZBE las sanciones por acceder a la Zona Monumental que ahora podrán controlar con cámaras. “Han aprovechado el dinero que venía de Europa para las Zonas de Bajas Emisiones, para poner en funcionamiento unas cámaras que no funcionaban y en las que se gastaron miles de euros de los salmantinos, instalando cámaras con lector de matrículas para poder controlar el acceso a la zona monumental”.
España cuenta actualmente con 25 Zonas de Bajas Emisiones en vigor, de ellas, tan solo una tiene un periodo de implementación mayor que Salamanca (Elche), en el resto de España ya se han tomado medidas, o comenzarán el próximo año en el menor de los casos. “En Salamanca la aprobación se ha alargado todo lo posible, pero no tendrá ningún efecto real su entrada en vigor”, explica Collados.
El PSOE defiende que es una ordenanza necesaria para la mejora de la calidad del aire de la ciudad de Salamanca, cuyo fin es preservar nuestra salud, y lamenta la falta de participación con la que se ha hecho y la escasa adopción de mejoras en la red de transporte público o bicicletas, como la recuperación de la parada de autobús en el Mercado Central que solicitaban en las alegaciones.
La concejala María Jesús Santa María define la Zona de Bajas Emisiones de Salamanca como “una ordenanza en diferido, muy al estilo PP”, porque, aunque se apruebe en el próximo pleno extraordinario, la realidad es que no se aplicará hasta 2029 y en su totalidad hasta 2039.