Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles la toma en consideración de la proposición de Ley de Sanidad Animal (una norma con una antigüedad de 30 años), para modificar por el procedimiento de urgencia su artículo 3, que define la figura del veterinario autorizado, un capítulo cuestionado por la oposición por sus posibles efectos adversos.
Presentada por PP y Vox, que llevarán la propuesta a un próximo pleno por lectura única y sin aceptar enmiendas, pretende adaptar la normativa a las necesidades “reales” de enfermedades como la tuberculosis o la EHE. La propuesta salió adelante con el voto a favor de todo el Hemiciclo, excepto la abstención del Grupo UPL-Soria Ya y los procuradores Francisco Igea (ex de Ciudadanos) y Pablo Fernández (Podemos).
El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, argumentó que su grupo “siempre defenderá al mundo rural, apoyando a la industria y a las pequeñas explotaciones”. “Nunca antes, desde un grupo parlamentario y el Gobierno, se había defendido con más énfasis la mejora de la industria ganadera y agroalimentaria”, presumió Menéndez, quien avanzó que en un próximo pleno se traerá la propuesta y pedirá su aprobación por lectura única.
A su juicio, esta iniciativa tiene como objetivo “garantizar la aplicación de la legislación en materia de sanidad y bienestar animal y contemplar la exigencia europea que obliga a que los controles oficiales deben ser efectuados por personal que sea independiente”.
El nuevo artículo, señala que corresponde a la Consejería de Agricultura, a través de los servicios veterinarios oficiales, el ejercicio de las funciones, explica que podrá ser delegado, de conformidad con la normativa europea, “mediante la habilitación de profesionales veterinarios, la acreditación de agentes certificadores y la celebración de contratos en los términos previstos en la normativa de contratación del sector público”.
También “se podrá habilitar a profesionales veterinarios para realizar actividades sanitarias en el marco de los programas sanitarios nacionales y autonómicos de vigilancia, control y erradicación de enfermedades, así como en los programas especiales de acción sanitaria”. Por último, se podrá “acreditar a profesionales veterinarios como agentes certificadores de las actuaciones sanitarias previstas en los planes de alerta sanitaria”.
Al respecto, el ‘popular’ Óscar Reguera recordó que esta ley que se pretende modificar, en la que él mismo participó hace tres décadas, fue la primera de Sanidad Animal que se aprobó en España. “Castilla y León dispuso de una ley moderna adaptada al marco constitucional”, comentó.
Justificó la presentación de esta proposición de ley en que las enfermedades “cambian, pero las luchas deben continuar”. Por ello, prosiguió, “es razonable ampliar las colaboraciones de veterinarios de servicios oficiales y el resto de profesionales que pueden desempeñar los controles de erradicación y alertas sanitarias”, siempre “bajo la dirección” de la Consejería.
Por último, apeló a los “consensos básicos mínimos” en esta materia, por lo que definió como “crucial” el “diálogo” con los representantes de los sectores implicados. “Solo así, cuando esto no quiebra, podremos avanzar en el programa sanitario”, puntualizó.
“El populismo no erradica enfermedades”
Por su parte, Francisco Igea justificó su abstención en que “hay que afrontar mejoras, pero no son estas”, y recordó que desde que entró en política solo ha habido una vez que la viabilidad de las explotaciones ganaderos estuvieron en peligro, que fue cuando ustedes consiguieron que se inmovilizarse al ganado salmantino”. “Han pasado dos años y los hechos es que la prevalencia de la tuberculosis se ha incrementado en todas las comarcas de Salamanca”, incidió Igea, que calificó de “auténtico desastre” esta gestión.
A su juicio, el populismo no erradica la tuberculosis. No pueden abandonar las políticas sanitarias que vienen marcadas por el sentido común, afortunadamente. Pueden hacer publicidad y propaganda y enervar a los ganaderos, pero ninguna de esas cosas erradicará la tuberculosis”, señaló Igea, quien entendió que esta propuesta “entraña cierto peligro para los profesionales que pueden realizar este trabajo y los ganaderos”.
Por su parte, el leonesista Luis Mariano Santos también rememoró que la Junta “puso en grave riesgo todo el trabajo hecho en saneamiento desde los años 1990” y alertó de que con el cambio normativo “los mayores perjudicados serán los ganaderos”, que “hasta ahora han accedido a un sistema independiente e imparcial”. “Vemos muchos riesgos en esta modificación legislativa. Si siguen adelante con esta proposición, mi impresión y la de los profesionales del sector es que no se irá por el buen camino”, dijo.
“El mejor marchamo de calidad”
Para concluir tomó la palabra el socialista Juan Luis Cepa, quien acusó a los dos grupos que sustentan el Gobierno autonómico de “no saber lo que hacen” y de “convertir estas Cortes en su cortijo”. Aunque el PSOE votó a favor de la toma en consideración para un posterior debate, Cepa señaló que su formación “ha pulsado la posición del sector” y planteó que “hasta hace poco Castilla y León era la Comunidad en la que se miraban todas las demás, gracias a la labor de la Administración, el sector y los veterinarios”. “Hasta que Mañueco abrió la caja de los truenos cuando en un mitin de las elecciones de 2019 prometió flexibilizar los saneamientos ganaderos, promesa que no pudo cumplir o bien no le dejaron los responsables de sanidad animal. Pero está claro que desde entonces vamos de mal en peor”, expuso el dirigente socialista.
Cepa ensalzó que el “mejor marchamo de calidad es una buena política de sanidad animal, como la que teníamos hasta hace poco”. “Vox y la sanidad animal no se llevan muy bien y me reafirmo. Dos veces se han plantado los jefes de sanidad animal de las nueve provincias”, sostuvo el procurador, quien solicitó que se admitieran enmiendas frente a la lectura única.
A su juicio, la modificación que se plantea “no es ni mala ni buena, pero sí lo pueden ser sus efectos posteriores”, porque hasta ahora “los servicios eran gratuitos”. “¿Lo seguirán siendo? ¿Se garantizará la independencia de los veterinarios si se les tiene que pagar? Seguro que harán bien su trabajo y con honestidad, pero no estamos exentos de fraudes”, cuestionó Cepa, quien reclamó la “garantía” de los controles de calidad.
